CJ, entre el pasado y el futuro

CJ, entre el pasado y el futuro
Hugo Martoccia – Mesa Chica

 

 

El Gobierno del estado se enfrenta a una encrucijada compleja. La casi segura aprobación de la Ley de Movilidad parece que dejará, en un lugar u otro, heridas políticas difíciles de cicatrizar. Los sindicatos de taxistas están en pie de guerra. Y Uber ha dicho que la Ley, así cómo está, hace inviable su operación.
No se sabe si el Gobierno ingresó a este mar turbulento por decisión propia, con sus consiguientes cálculos de momentos políticos, o si lo depositó en este lugar la inminencia de un descontrol en la guerra entre taxistas y Uber.
El problema del conflicto es que es impredecible, por la naturaleza de los contendientes. El gremio taxista es muy poderoso y sabe presionar. Han dirigido sus presiones hacia los diputados, para ver si los convencen de que se están metiendo en un problema grave.
Sus métodos han incluido la presión pública y las marchas. Pero se sabe que su catálogo de lucha puede incluir otros tonos, mucho más cerca del gris o del negro.
Hasta hoy, los taxistas han preferido no confrontar con el gobernador Carlos Joaquin. Es lógico, quieren permitirle una salida negociada y limpia. Pero no se sabe si el gobernador quiere esa salida, o simplemente ha decidido impulsar la ley hasta sus últimas consecuencias.
El mandatario ha dicho que el transporte no puede continuar como está. Se sabe que Carlos Joaquín es un obsesivo de la competitividad. Su paso por el mundo empresarial le enseñó que ese es el secreto del éxito. Y su paso por la administración pública lo convenció de que ese es el gran problema de los gobiernos.
La Ley de Movilidad tiene aspiraciones propias de un estado más moderno y eficiente. Pero el embrollo político que la circunda es del siglo pasado. Dos de los poderes fácticos más importantes del estado están enfrentados: los hoteleros quieren Uber porque se los exigen sus huéspedes, y los taxistas no lo quieren porque necesitan conservar su millonario monopolio.

 

LOS TROPIEZOS DE SINTRA

 

Para colmo, los propios funcionarios del Gobierno han ayudado poco y nada. El titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla, es el más señalado en estos días. Los sindicatos de taxistas dicen, directamente, que los engañó. En campaña les prometió que serían privilegiados, y ahora el Gobierno le asesta un golpe casi mortal.
Si bien esas acusaciones no se pueden probar, la actuación de Portilla parece confirmarlas. Durante más de un año permitió que los taxistas atacaran a conductores de Uber sin ningún tipo de control, conformados casi como una fuerza parapolicial. El resultado fueron dos muertos, y una señal de descontrol y anarquía que golpeó mucho la imagen del Gobierno.
Pero todo debe ser dicho. No hay una administración inocente y un funcionario culpable. Desde el inicio de este Gobierno, cuando se impulsó una profunda reforma legal a la administración pública desde el Ejecutivo, se habían planeado cambios en Sintra.
En el primer borrador de aquella reforma que llegó a la diputados, se le quitaba a Sintra el control del transporte, y ya se preveía el nacimiento del Instituto de Movilidad. Sin embargo, una orden desde lo más alto del Poder frenó ese cambio. Sintra mantuvo el control del transporte, y sucedió lo que sucedió.
Muchas razones había detrás de esa decisión que se tomó; ninguna fue buena.

 

LAS AMENAZAS DE LOS TAXISTAS

 

No hay palabras inocentes en las quejas de los taxistas. Hablan de apoyar al gobernador, pero también aclaran que son priistas. Dicen que buscan el dialogo y llegar a un acuerdo, pero el dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, Eduardo “Wato” Peniche, expone la posibilidad de un “estallido social”. Hay una clara amenaza, velada o explícita, en cada caso.
Los sindicatos ponen sobre la mesa su poder: alrededor de 30 mil vehículos que son una fuerza de movilización electoral muy importante, y una caja chica muy apetecible. También dejan entrever, sin sutilezas, que su capacidad de daño mediante movilizaciones es muy grande. Sobre todo en un año electoral.
Pero hay que desmenuzar esas amenazas. ¿Son los taxistas una fuerza electoral? Los hechos no respaldan esa versión. Uno de sus hijos predilectos, Víctor Viveros, perdió dos elecciones en Cancún. Y con todo el aparato priista detrás.
¿Tienen capacidad de daño? Sí, y mucha. Si se les ocurriera tomar calles, avenidas o la misma zona hotelera, pondrían al Gobierno ante la disyuntiva de permitirles todo o reprimirlos. No hay forma de que salga limpio de una situación semejante.
En el medio de esta batalla está la sociedad, cansada de un servicio pésimo, propiciado por sindicatos que han erigido un monopolio sin control.

 

DECISIÓN, O DECISIÓN SALOMÓNICA

 

La ley le da a Carlos Joaquin una salida. Si se aprueba, él puede autorizar a la plataforma digital para que funcione en el Estado, pero luego el Instituto de Movilidad podría emitir un “dictamen técnico” que limite mucho la cantidad de vehículos en la calle.
Podría darse el caso, por ejemplo, de que sólo se le permita funcionar en la zona hotelera de Cancún. A cambio, el gobernador podría exigirles a los taxistas que mejoren el servicio en la ciudad. Sería una decisión salomónica, de eficacia improbable.
Esa opción sería como congelar al Estado en un “no lugar” entre el pasado y el futuro. Casi como no tomar ninguna decisión. Y en política, se sabe, la peor decisión es la que no se toma.