Conceden suspensión a dueños de cajas de seguridad; no podrá SEIDO abrirlas ni trasladarlas

Conceden suspensión a dueños de cajas de seguridad; no podrá SEIDO abrirlas ni trasladarlas
(La Opinión)

 

El Juzgado Séptimo de Distrito concedió la suspensión provisional a los tenedores de cajas de seguridad en la empresarial First National Security, las cuales fueron aseguradas por la Subprocuraduria Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y que generó una gran inconformidad y diversas protestas.

La suspensión es “para el efecto de que no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a diverso lugar del que se encuentran”, según el escrito del Juez.

La mencionada suspensión es por los juicios de amparo 1594, 1595, 1596, 1597 y 1598/ 2017 I, promovidos por cinco personas que tienen cajas de seguridad en FNS.

La Justicia reconoce que al tratarse de contratos no existen inventarios de los bienes contenidos, “se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían, tornándose irreparable la violación reclamada”.

Dice el escrito:

 

Toda vez que de conformidad con el artículo 230 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de aseguramiento debe estar perfectamente determinada en cuanto a los instrumentos, objetos y productos del delito, y a las personas que va dirigida, en la que además deben establecerse controles específicos para el resguardo de los bienes asegurados, debiéndose elaborar un inventario de todos y cada uno de ellos, ante la presencia de interesado. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a diverso lugar del que se encuentran, pues de hacerlo, al no existir en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las cajas, se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían, tornándose irreparable la colación reclamada”.

 

Sin embargo, la suspensión no alcanza a las personas que estén directamente afectadas por la investigación de la autoridad federal, aún en el caso de que sean parte firmante del juicio de amparo.

Dice el escrito:

 

Siempre y cuando la técnica de investigación no se encuentre dirigida en particular a las aquí quejosas titulares de las cajas de seguridad materia del presente juicio de amparo”.
“Se concede la suspensión provisional sin condicionar su efectividad al otorgamiento de una garantía económica”.

 

El tema se convirtió en una polémica en los últimos días, porque los dueños de las cajas de seguridad se quejaron por la violación a sus derechos por parte de la SEIDO.

Se generaron pronunciamientos públicos contra la actuación de la autoridad federal, e incluso los ocho diputados federales de Quintana Roo respaldaron a los quejosos.

Justamente hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado sobre el tema, en el cual decía que las cajas se abrirían en el mismo lugar, porque es parte de una investigación por “ilícitos penales”.

Este es el comunicado:

 

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), derivado del trabajo conjunto realizado con la Policía Federal (PF) y la Secretaría de  Marina, Armada de México (SEMAR), en el marco de sus investigaciones, obtuvo del Juez en turno Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo, la orden de cateo mediante la cual se aseguró el inmueble de una empresa dedicada al resguardo de valores.
Las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abren en el mismo sitio. El contenido será revisado para saber si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales. Una vez que se dé por concluido el análisis, se determinará lo correspondiente sobre el destino de los objetos.
Todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos materia de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República, serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico.
La diligencia se realiza con todas las formalidades de ley, en estricto apego a derecho y en cumplimiento a la orden dictada por la autoridad judicial.
Con estas acciones, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso permanente en la lucha contra el crimen organizado.