Piden legisladores medidas concretas para garantizar seguridad escolar

Piden legisladores medidas concretas para garantizar seguridad escolar

Integrantes de la XV Legislatura consideran necesario mejorar protocolos de seguridad en las escuelas.

 

(La Opinion) ( información del a Congreso)

 

Chetumal, Quintana Roo. – Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Ana Isabel Vásquez Jiménez en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, los integrantes de la XV Legislatura se pronunciaron a favor de aquellos programas y protocolos que tengan como finalidad garantizar la seguridad escolar y reducir los casos de violencia entre estudiantes.
La secretaria de Educación compareció ante la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside la diputada Adriana del Rosario Chan Canul, y en la que además participaron los diputados Eduardo Martínez Arcila, Ramón Javier Padilla Balam, Jesús Alberto Zetina Tejero, Emiliano Ramos Hernández, Fernando Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado Ibarra, Sonia López Cardiel, Elda Candelaria Ayuso Achach y Leslie Hendricks Rubio.
En la reunión también se planteó la necesidad de trabajar en el mejoramiento de protocolos para la seguridad de los escolares, con respeto a los derechos humanos, así como en la importancia de que los docentes no se vean obligados a dedicar tiempo y esfuerzo a tareas ajenas a sus actividades como labores administrativas o incluso, en la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos, como lo señalaron los diputados Ramón Javier Padilla Balam y Fernando Zelaya Espinoza.
También hicieron hincapié en la transparencia que debe persistir para la asignación de plazas de los docentes en el estado, pero sobre todo que las asignaciones cumplan con las normas y evitar colocar frente a grupo a personas improvisadas y sin la preparación necesaria para impartir clases.
El presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, cuestionó a la titular de los Servicios Educativos Quintanarroenses respecto a las medidas concretas que está implementando la Secretaría para evitar la violencia entre los estudiantes, como el sonado caso del video que se viralizó en las redes sociales.
Al respecto, Vásquez Jiménez relató todo el proceso de intervención que realizó la dependencia estatal, así como el protocolo que se puso en marcha para atender esta situación. Aclaró que las escuelas no son generadoras de violencia, sino que en realidad son escenarios en donde ésta se desarrolla, por lo que existe un gran reto tanto para autoridades educativas, maestros y padres de familia para hacer frente a esta problemática.
Sin embargo, Martínez Arcila planteó la posibilidad que, desde el Congreso, se analice alguna medida para valorar el uso de teléfonos celulares en los salones de clase, pues consideró que podría evitar que los estudiantes incurran en acciones que atenten contra la integridad de sus compañeros en aras de obtener popularidad o cumplir retos en redes sociales.
Sobre la propuesta del legislador, la titular de la Secretaría de Educación indicó que en el 95 por ciento de los planteles de educación básica no se permite el uso del celular, salvo en casos de emergencia. Aunque en la mayoría de los casos, la restricción obedece a un acuerdo previo con los padres de familia y los consejos escolares de participación social, donde se establece un reglamento para ello.
Sin embargo, consideró que en el nivel medio superior podrían ponerse en marcha una serie de medidas preventivas a manera de programa piloto para determinar el grado de efectividad y la pertinencia de su aplicación en el resto de los planteles.
En cuanto a la efectividad del llamado “Operativo Mochila”, la maestra Ana Isabel Vásquez Jiménez indicó que no existe incidencia en su aplicación con la disminución de los casos de violencia escolar. Detalló que este operativo es apenas una parte de los protocolos de atención que se aplican en cada uno de los planteles.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso manifestó el apoyo de la XV Legislatura a los proyectos que tengan como finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de los estudiantes quintanarroenses, por lo que invitó a la secretaria de Educación a elaborar y presentar aquellos proyectos, para que los legisladores puedan considerar alguna partida presupuestal para concretarlos.
La diputada Leslie Hendricks manifestó la total disposición para que, a través de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se puede trabajar de manera coordinada para lograr una educación inclusiva en Quintana Roo.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Emiliano Ramos Hernández, quien recordó que se está trabajando en la creación del Instituto para la Inclusión con el que se busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Ramos Hernández destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Educación por liquidar los adeudos que la dependencia tenía con el ISSSTE y las financieras que prestan servicios a trabajadores de la educación.
Por ambos conceptos, existía un adeudo al mes de diciembre de 2016 de 461 millones 602 mil 836 pesos. Hoy se ha liquidado en su totalidad los adeudos al SAR y únicamente resta por liquidar 61 millones 304 mil 455 pesos a las financieras.
El diputado Jesús Alberto Zetina Tejero se sumó a la propuesta planteada por el diputado Martínez Arcila, de considerar la instalación de cámaras de seguridad en los planteles escolares, aunque para ello se requiere contar con el presupuesto necesario. La medida, además de garantizar la seguridad de los estudiantes, también podría ayudar a la vigilancia durante las noches y los fines de semana, de aquellos planteles que son víctimas de robo.
Ante el cuestionamiento sobre el avance que se tiene en la entrega de los uniformes y útiles escolares realizado por las diputadas Yamina Rosado Ibarra y Elda Candelaria Ayuso Achach, la secretaria de Educación aseguró que en aproximadamente 30 días se concluirá con la entrega de los mismos.
La diputada Sonia López Cardiel, pidió a la secretaria de Educación que se revisen los contratos y la forma de operar de los hospitales y centros médicos con los que se tiene contratado un seguro médico para los estudiantes, pues han existido casos en Playa del Carmen donde comentan que algunos hospitales privados no han querido atenderlos y terminan acudiendo a hospitales públicos