UBER ¿SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO? |La pregunta de la consulta genera dudas

UBER ¿SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO? |La pregunta de la consulta genera dudas

Esa pregunta propone que, de aprobarse, las plataformas digitales sean servicios públicos de automóviles de alquiler

Pero si son servicios públicos, deben tener concesión

Y, en los hechos, eso ya existe en la ley

 

(La Opinión)

 

En las consultas públicas, lo principal es la pregunta que se hace. Tiene que ser una pregunta que se responda fácilmente por sí o por no.
En el caso de la pregunta de la consulta popular que se realizará el 1 de julio, de manera concurrente con la elección municipal y estatal, es, en ese sentido, bastante clara.
La pregunta dice:

 

¿ESTA USTED DE ACUERDO EN QUE SE AUTORICE EL TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES?

 

En este caso, el voto por el sí o por el no es bastante claro. Se está o no de acuerdo.
El problema es que lo que la pregunta propone, en los hechos, ya existe. Y no ha sido una solución.
Veamos.
Actualmente, la ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del estado dice:

 

ARTÍCULO 31 Bis. Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros que cumplan con las disposiciones contenidas en ésta ley y demás disposiciones aplicables, podrán pactar sus servicios, por medio de contrato verbal, escrito, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos medios”.

 

Allí está claro que este tipo de servicios ya están autorizados en la ley.
En el segundo párrafo del artículo, se amplía incluso ese concepto, y se dice claramente que para prestar el servicio se necesitar autorización del Poder Ejecutivo.

 

No será servicio público de transporte de pasajeros, el que se pretenda brindar o se brinde por particulares sin la autorización del Titular del Poder Ejecutivo a que hace referencia al artículo 32 de esta ley, independientemente de que dicho servicio se haya solicitado y pactado, por medio de contrato verbal, escrito, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos medios. La realización de esta actividad será sancionada en términos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables”.

 

El artículo 32 lo reafirma.

 

ARTÍCULO 32.- Para la prestación del servicio público de Autotransporte, será necesario contar con la autorización del Ejecutivo del Estado mediante concesión que al efecto otorgue el titular de éste. La citada concesión establecerá requisitos que señalen los reglamentos, tales como itinerarios, territorio de operación, horarios, tarifas y modalidades que la misma autoridad fije, otorgándose en forma de concesión los que podrán ser:
Servicio público de transporte de pasajeros en general.
II. Servicio público de carga.
III. Servicio público de renta de toda clase vehículos.
IV. Servicio público especializado.
V. Servicio público de estacionamiento, sitios y terminales”.

 

Esos dos párrafos, sirvieron en los hechos, para justificar la cacería de Ubers que el año pasado realizó la Secretaria de Infraestructura y Transporte apoyada por los taxistas.

 

SERVICIO PÚBLICO Y CONCESIÓN

 

El tema central, es que la pregunta que se hará en la consulta, propone que las plataformas tipo Uber sean: SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER
Y hay que aclarar algo: los servicios públicos, o los presta el estado, o los concesiona. Lo dice el artículo 3 de la mencionada ley.

 

ARTÍCULO 3°.- El transporte de pasajeros, de carga y el especializado en el Estado de Quintana Roo, constituye un servicio Publico cuya prestación corresponde al Gobierno de la Entidad, a excepción del urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida que corresponde a los Municipios, sin embargo, puede ser autorizado a particulares o sociedades legalmente constituidas, mediante concesión otorgada en los términos de la presente Ley”.

 

Eso significa que más allá de lo que se responda en la consulta, por si o por no, se deberá buscar una forma en que el ingreso de esas plataformas sea más fácil que lo que la ley actualmente permite. Si no, la consulta no tendría sentido.
O se cambia la pregunta, o se cambia de fondo la ley.
Quizá habría que releer la iniciativa que habían presentado los diputados, que pusieron a las plataformas de internet en un espacio especial de la ley, que no necesita concesiones sino autorizaciones.
Así dice esa iniciativa de reforma:

 

Artículo 7. La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece el Estado de Quintana Roo
Artículo 84. El servicio de transporte se clasificará de la siguiente manera:
I. Servicio Privado de Transporte;
II. Servicio Público de Transporte, y
III. Servicio de Transporte contratado a través de Plataformas Digitales.
Artículo 123. El Gobernador del Estado tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de plataformas digitales, conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.