El titular de Sintra busca autorizar a la multinacional a operar en QR, pero que las concesiones individuales las otorgue el estado
En el fondo, se trata de replicar el formato de los Sindicatos de Taxistas como estructuras de operación política y cajas económicas
La empresa quiere una concesión para operar, pero elegir a los conductores, como hace en todo el mundo
El Gobierno frena la creación de un Instituto de Movilidad, porque no sabe cómo resolver el tema
Hugo Martoccia
La presencia de Uber se ha convertido en el nudo central del enorme problema de corrupción en el transporte del estado.
Toda la reforma administrativa que en este tema propone el Gobierno ha quedado pendiente de un hilo por los intereses que se han generado alrededor de la empresa multinacional.
En dicha reforma, el Gobierno busca quitarle las funciones del transporte a la actual Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) que pasarán a la nueva Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Pero deja un gran vacío en cuanto a la entrega de concesiones y otras regulaciones.
De acuerdo al texto de la iniciativa de reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, presentado días atrás por el gobernador Carlos Joaquín, la nueva Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable tendrá entre sus facultades la de «promover y ejecutar las atribuciones en materia de movilidad y transporte».
En el actual texto de la ley, esas funciones son de Sintra, que pasaría solo a manejar infraestructura y comunicaciones. Pero hay un problema.
El artículo 35 de ley actual específica cuales son las facultades de Sintra. Entre éstas, está la de «tramitar los permisos y concesiones que otorgue el Gobernador del Estado», «estudiar, planear y controlar el servicio público de transporte en todas sus modalidades», y hasta determinar «las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo».
Pero en la reforma, nueve incisos de ese artículo, lo que regulan todo el transporte, han desaparecido, y generan un vacío legal. No se sabe quién tendrá esa funciones ya mencionadas.
En un principio, ese vacío legal iba a ser llenado por la creación de un Instituto de Movilidad y Transporte, que se quedaría con esa atribuciones bajo la tutela de la nueva Secretaria. Pero hasta el momento esa iniciativa de ley no ha aparecido en la reforma administrativa.
Y ahí apareció una trampa.
El artículo transitorio 8 de la reforma dice que aquellos asuntos que deban pasar de una dependencia a otra (en este caso las concesiones y su regulación) «continuarán tramitándose por las unidades administrativas de origen, hasta que estas se incorporen a la nueva dependencia»
O sea, Sintra retendrá esa facultad porque no hay quien la asuma.
EL TRASFONDO POLÍTICO Y ECONOMICO
El tema central es el control de Uber. Hasta el momento, Sintra ha hecho de la persecución a Uber un norte político, para congraciarse con los Sindicatos de Taxistas, y una millonaria caja.
La última información oficial al respeto, difundida hace casi un mes, hablaba que ya se habían cobrado multas por más de 66 millones de pesos.
Sintra aduce que Uber no tiene autorización para operar, lo cual es cierto. Y su titular, Jorge Portilla, encontró la solución a ese problema.
Le presentó al gobernador Carlos Joaquín una propuesta para autorizar Uber, pero que las concesiones individuales a los conductores las entregue y controle el estado.
Incluso, dijo que se podrían utilizar para ese fin, concesiones ya autorizadas a los Sindicatos de Taxistas para entregarlas a Uber.
Ante la imposibilidad de frenar la llegada de la multinacional, lo que se busca es crear un nuevo formato de conductores y dueños que dependan del estado para las concesiones. O sea, un moderno Sindicato de Taxistas.
Hasta hoy, el gobernador no ha aceptado esa propuesta. Pero sin embargo llamó la atención de todos que hasta este sábado no se haya presentado la iniciativa de creación de un Instituto de Movilidad, que sería el encargado de todo ese tema.
Ningún diputado ni funcionario sabía, hasta hoy, qué había pasado con esa iniciativa. Desde hace no menos de tres meses que circula entre funcionarios de gobierno y diputados oficialistas el nuevo organigrama de la administración que el Gobierno propone, y allí había un Instituto de Movilidad, como una de las banderas de la reforma.
Ahora, la reforma está en el Congreso, y el Instituto de Movilidad no existe.
Según parece, el Gobierno está atrapado entre la idea de reformar la administración y mirar al futuro. O de gestionar las cajas políticas del pasado, con algunos retoques de forma.
