(La Opinión)
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo vuelve a estar en boca de todos.
El inicio de los foros de consulta por parte del Congreso del Estado para determinar qué hacer con esa Ley, reabrió el debate alrededor de cuál debería ser el destino de la llamada Ley Borge para periodistas.
Un sector muy amplio del periodismo y defensores de los derechos humanos piden la abrogación lisa y llana de la Ley. Hay quienes, por otra parte, creen que se debe aprovechar lo que se hizo durante el borgismo, que fue cuando esa Ley se aprobó, y solo mejorarle algunas cosas.
El problema es que las dos posturas, válidas para ser discutidas y analizadas, se enfrentan de un modo virulento, como si un gremio periodístico dividido fuese el objetivo.
El Congreso dice que los foros son para “revisar, derogar, anular o desechar” la Ley Borge. El gobernador Carlos Joaquín, por su parte, ya se ha pronunciado a favor de abrogar la Ley y empezar todo de nuevo.
Este medio ya ha echo pública su postura de que la Ley Borge debe ser abrogada. Más allá de lo que en el texto de esa Ley pudiera tener algún valor, lo real es que fue creada en condiciones de opresión por parte del gobierno de Roberto Borge.
No se puede tomar como válido algo que nació en condiciones de opresión o cooptación, que era el estilo de gobierno de Borge. Aquella Ley no fue otra cosa que una forma de Roberto Borge de frenar las críticas ante su ofensiva despiadada contra de medios de comunicación, periodistas y activistas de todo tipo.
Abrogarla sería un mensaje potente hacia ese pasado que nunca más debe volver.
Después habrá que analizar cuál es el camino para proteger a los periodistas y activistas de derechos humanos. ¿El Estado debe tener mecanismos de protección? ¿O debe ser la Federación? Allí debería centrarse el debate.
Intnetar reabrir la discusión sobre el valor que pudiera tener la Ley Borge no es el camino. Aún no está tan lejos ese oprobioso pasado, como para olvidarlo.
