El Sistema de Comunicación Social del estado entregó esa cantidad a empresas fantasmas durante el año 2016
Las empresas cobraron cientos de millones y algunas ni siquiera existían físicamente
Así desvío la mayoría de los 450 MDP que recibió de Sedatu para trabajos que no realizó, según la ASF
En el estado, los desvíos detectados en el Sistema alcanzan los 778.6 MDP
Una trama increíble, pero que aún no tiene culpables
(La Opinión)
El 26 de junio de 2017, auditores de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) visitaron el domicilio de la empresa Natnit S.A. de CV. Buscaban corroborar las razones por las cuales esa empresa había sido subcontratada por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social para realizar diversos trabajos solicitados por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La dirección que buscaron no tenía nada que ver con una empresa. Les costó dar con alguien en el lugar, hasta que encontraron una persona. Era un hombre, y les dijo que allí no existía empresa alguna, y que él viva en ese lugar desde hacía 55 años.
Recordó, eso sí, que tres años atrás había rentado el lugar a un despacho de contadores, pero no tenía idea de que era Natnit, nunca había oído ese nombre.
El dato que más llama la atención es que esa empresa, Natnit, había cobrado del SQCS 123 millones de pesos.
El interés de la ASF por Natnit iba más allá de sus contratos en Quintana Roo. La misma empresa había hecho contratos similares con Radio y Televisión de Hidalgo en los años 2014 y 2015; y la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ambos del ejercicio 2016.
El total del dinero que cobró en esos entes públicos es escalofriante para una empresa que no existe: 550 millones 561 mil pesos.
OTRO CASO INEXISTENTE
El 18 de julio de 2017, auditores de la ASF visitaron el domicilio legal de la empresa Agatha Líderes Especializados, S.A. de C.V.
Dice el informe de la ASF: “es una casa habitación en total estado de abandono, sin evidencia de operación de una empresa, donde se encontraba una persona que dijo ser el mensajero de la misma y que desconocía la operación”.
Esta “empresa” recibió 59.8 millones de pesos para realizar un trabajo para el SQCS, y transfirió y emitió cheques por 49.9 millones a otras empresas, también inexistentes.
EMPRESA FORÁNEA
Hay un tercer caso que muestra otra dinámica de este fenomenal fraude.
Se trata de la empresa Desarrollo Publicitario ADP, S.A. de C.V. El 29 de marzo de 2017 los auditores visitaron el domicilio fiscal de la empresa y se encontraron con un despacho de abogados que sólo recibía la correspondencia de ésta.
Le dejaron un oficio de notificación ese mismo día, y unos meses más tarde recibieron la respuesta. Se trataba de varias facturas emitidas por la empresa en favor de terceros, en las cuales se intentaba justificar los pagos recibidos por el SQCS.
Pero hubo un problema: todas las facturas fueron “expedidas el 27 de abril de 2017, es decir, 29 días posteriores a la solicitud de información realizada por la ASF y 345 días posteriores a la supuesta conclusión de los trabajos realizados por dichas empresas”.
Desarrollo Publicitario recibió 110.9 millones de pesos del estado.
Un dato casi de color. Esta empresa fue constituida por dos personas físicas y sus domicilios se ubican en Ciudad Nezahualcóyotl. Uno de ellos estuvo trabajando hasta el 31 de diciembre de 2015, en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), que depende de SEDESOL.
A pesar de que se le otorgaron millonarios contratos para realizar trabajos de imagen y edición, declaró que no sabe leer ni escribir.
TODO EL FRAUDE
El fraude de Sedatu, que es parte de la denominada “Estafa Maestra”, y del cual el SQCS es socio y cómplice, es ampliamente conocido. Los tres casos presentados son apenas una muestra.
El análisis de la ASF dice que el SQCS recibió por parte de Sedatu, para realizar diversos trabajos, 450.1 millones de pesos.
De ese total, destinó 420.9 millones a subcontratar diversas empresas. Las ASF las fue a fiscalizar y se encontró con que 7 de ellas no existían (el caso de Natnit) y otras 13 no entregaron documentación, y no demostraron que tuvieran la capacidad para hacer los trabajos que se le pidieron.
Eso es lo que se conoce como una empresa fantasma.
Pero además, esas empresas contrataron a otras 12 a las cuales le transfirieron 334.2 millones de pesos, pero no hay contratos o convenios que justifiquen esa entrega de recursos.
Dice el informe de la ASF:
“De lo anterior, se desprende que, de los recursos que el SQCS depositó a los 25 proveedores contratados por un total de 420,880.8 miles de pesos, se comprobó que, a su vez, fueron transferidos principalmente a 12 empresas por un total de 334,174.4 miles de pesos, por lo que se presume una vinculación entre las mismas al recibir recursos de diferentes proveedores contratados por el SQCS, sin que se cuente con evidencia de su participación en la realización de algún bien o servicio vinculado a los contratos suscritos con la SEDATU”.
“Resalta el hecho de que, de los proveedores contratados, siete no fueron localizados; 13 no entregaron la información solicitada o la proporcionaron parcialmente, y del resto, no obstante haber entregado lo solicitado, algunos no tienen la actividad económica para cumplir con lo solicitado o transfirieron los recursos a empresas que no tienen una relación contractual con el ente fiscalizado; y de los recursos que recibieron los proveedores por 420,880.8 miles de pesos, se comprobó que, a su vez, transfirieron el importe de 334,174.4 miles de pesos a 12 empresas, sin que existan contratos o convenios que justifiquen los pagos, por lo que se observó una vinculación entre las mismas, al recibir recursos de diferentes proveedores contratados por el SQCS; por lo anterior, se presume que los proveedores contratados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios a que se comprometieron, por lo que hacen contar con indicios de la simulación de las operaciones objeto de los convenios que suscribieron con el SQCS”.
Estos números pertenecen al tercer reporte de la cuenta pública 2016 que analiza la ASF, y tienen que ver con un presunto desvío de recursos federales. Pero caso del SQCS es mucho más grande.
En el estado, tiene detectados desvíos por 778.6 millones de pesos, de acuerdo al último informe entregado por la Auditoria Superior de Quintana Roo.
Ahora, solo resta saber quienes son los culpables de semejante fraude.
