El caso de la Torre Maioris un ejemplo: se vendieron ilegalmente 19 departamentos.
Y todos pasaron por una sola Notaria, la número 22
Hay que poner un alto; exigen a la Segob
(La Opinión)
El caso de las ventas fraudulentas de departamentos en la Torre Maioris de Puerto Cancún podría repetirse si el estado no ordena de una vez por todas la situación de los Notarios Públicos.
El representante de la empresa Maioris Cancún, Francisco Simán Carpio, dijo que hasta el momento no existe ninguna señal de que la Secretaria de Gobierno del estado (Segob) haya tomado cartas en el asunto.
«No ha habido un pronunciamiento de la Secretaria de Gobierno de que este revisando los casos, de que haya una investigación», dijo, «hay que poner un alto a las Notarías».
Los Notarios públicos, en particular la Notaria 22 de Yolanda Solís Olveres fue una parte central en la trama de ventas ilegales de 19 departamentos en la Torre Maioris, en un caso que tiene denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del estado y la Procuraduría General de la República.
Pero no se trata de un caso particular, sino del funcionamiento del sistema. Francisco Simán dijo que con el sistema actual, donde puede existir un notario titular, un notario suplente y uno auxiliar, «la noción de buena fe desaparece»
EL CASO MAIORIS
El caso de la Notaria Pública 22 es paradigmático. Por sus manos pasaron las 19 ventas supuestamente fraudulentas de departamentos de Torre Maioris en el año 2011. En ese momento Yolanda Solís era la titular de dicha Notaría.
Según la empresa, todas esas ventas se realizaron por debajo del valor de mercado, y falsificando la firma de la apoderada legal, Lourdes Quesada. Así inició el procedimiento.
Con esa estrategia, se hicieron de 19 departamentos que previamente habían estudiado, y que luego re vendieron para generar supuestos compradores de buena fe y así intentar limpiar todo el proceso.
Pero lo más extraño del caso, dijo Francisco Simán, es que la Notaria participó de esas ventas en 2011, y todas tiene el sello como notaria suplente. Yolanda Solís es Notaría suplente desde 2014.
Eso quiere decir, explicó el empresario, que todas esas compraventas se sellaron extemporáneamente. Según los daros de la escrituras públicas, todas esas operaciones se realizaron entre enero y diciembre de 2011, y si así fuera, el sello debería haber sido el de Notaria titular.
«¿Como sello una escritura como suplente en 2011, si ese sello es de 2014?», se preguntó el empresario. Y cargó el peso de esa investigación sobre el Registro Público de la Propiedad. «¿Como es posible que nadie se haya dado cuenta de esto?».
Otro aspecto fue el de la falsificación de la firma de la apoderada de la empresa. Para darle más legalidad al fraude, dijo el empresario, se fraguó una compraventa donde la adquiriente es la propia apoderada, y posteriormente se la hace «vender» ese departamento.
La firma es notoriamente falsa, explicó Francisco Simán, pero nadie lo notó.
El daño a la empresa por esta ventas ilegales fue de 20 millones de dólares, pero el daño a la seguridad jurídica del estado fue incalculable.
Según el empresario, es el estado el que debe regular el funcionamiento de los notarios públicos, para terminar con un sistema que hoy se presta a la corrupción. Las Notarías Públicas han sido desde hace décadas premios que los gobernadores dan a sus aliados políticos.
