Congreso pone en aprietos a Carlos Joaquín por no reactivar obra pública y desaparecer Oficialía Mayor

Congreso pone en aprietos a Carlos Joaquín por no reactivar obra pública y desaparecer Oficialía Mayor

Diputados decidieron que la Jucopo analizará si presenta una controversia constitucional en contra de la decisión del gobernador de que Sefiplan absorba la Oficialía. 

Además, el PRI propuso que el Gobierno reactive la obra pública para salir de la crisis 

“No podemos esperar más; la reactivación económica debe empezar de inmediato”, dijo el diputado Carlos Hernández. 

Ambos puntos de acuerdo se votaron por unanimidad. 

 

(La Opinión) 

 

El Congreso del estado aprobó ayer dos puntos de acuerdo que van directo contra decisiones políticas del gobernador Carlos Joaquín. 
En la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados trataron temas espinosos: la absorción de la Oficialía Mayor por parte de Sefiplan, que nunca se concretó legalmente y sólo se mantiene como una decisión administrativa, y por otro lado la demora del gobierno estatal en poner en marcha la obra pública.
El primero de los puntos, el de la Oficialía Mayor, fue impulsado por el PT, apoyado por toda la 4T, y finalmente aceptado por todos los bloques.  
El PT había ingresado hace meses un punto de acuerdo para que el Congreso presentara una controversia constitucional en contra del gobernador por esa decisión administrativa.
A su parecer, esa decisión vulnera el marco legal, porque debería haber pasado por el Congreso mediante una reforma a la ley. 
Sin embargo, el punto de acuerdo nunca se trató, y ayer llegó al Pleno con la idea de que los plazos se habían vencido y ya no había nada que hacer.
Sin embargo, el bloque de la 4T peleó el tema, y propuso que el acuerdo pase a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y que ésta se pronuncie, previo análisis jurídico, en torno a la procedencia o no de dicho recurso legal. 
Finalmente, el oficialismo aceptó esa propuesta. 

 

Por lo tanto, el acuerdo ordena a la Jucopo que “analice la viabilidad jurídica de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional ante la inminente invasión de competencia del Poder Ejecutivo del Estado, al emitir el Acuerdo por el cual se Instruye el Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la simplificación de la administración pública centralizada, realizado por el Gobernador del Estado de Quintana Roo Ejecutivo, publicado el día 08 de julio de 2020, en el Periódico Oficial del Estado”.

 

Fue votado por unanimidad. 

 

OBRA PÚBLICA 

 

Pero más extrañeza causó aún que el diputado del PRI, Carlos Hernández Blanco, fuese el encargado de presentar un punto de acuerdo para exhortar “al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a efecto de que tome las medidas que estime pertinentes para impulsar la reactivación de la construcción de obra pública en beneficio de todos los Municipios del Estado, y de esa manera contribuir en la recuperación económica del Estado”.
En su defensa del punto de acuerdo, el diputado priísta dijo:
 
“Tal vez es tiempo de discutir sobre la creación o el mantenimiento de obras de infraestructura que refuercen servicios que da el estado o que den mayor soporte al sector turístico”.
“Hago un respetuoso llamado al titular del Poder Ejecutivo del estado para reactivar la obra pública”.  
“No podemos esperar más; la reactivación económica debe empezar de inmediato”.  
 
Ese punto de acuerdo fue apoyado en tribuna por el PT, el Verde Ecologista y el PAN, y también terminó siendo votado por unanimidad.