Consulta de Aguakan | ¿Será vinculante o un derroche de dinero público?

Consulta de Aguakan | ¿Será vinculante o un derroche de dinero público?

Hay dudas sobre el efecto de la votación. 

Según la convocatoria del Ieqroo, es una consulta vinculante. 

Eso significa que si la sociedad votar por sacar a Aguakan, el estado debería rescindir la concesión. 

Y eso costaría cientos de millones de pesos. 

Pero del lado gobierno consideran que aún cuando se vote de ese modo, el tema no es sujeto de una consulta.

Sólo sería para conocer la opinión de la gente, y nada más. No tendría efectos prácticos sobre la gestión de Aguakan. 

Aquí las dos versiones. 

(La Opinión) 
La consulta pública por Aguakan, que se llevará a cabo junto a la elección federal y local del 6 de junio, ha generado polémica porque hay dudas con respecto a cuál será el efecto que tendrá. 
Entre los promoventes de la consulta, y el propio Instituto Electoral del estado, se considera que es una consulta vinculante. De hecho, es la ley de Participación Ciudadana la que dice eso. 
El proceso sería así:
El día de la elección, la gente de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos saldrá a votar y responderá en una boleta a la siguiente pregunta: 
¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?
Una vez que se tengan los resultados de la votación, los artículos 91 y 92 de la citada ley explican claramente el alcance de una consulta popular. (VER FOTOGRAFÍA ABAJO)
Artículo 91. El resultado del plebiscito y la consulta popular será vinculante cuando participe el treinta y cinco por ciento del listado nominal estatal o municipal actualizado y de éstos, la mitad más uno de las opiniones se manifieste en uno u otro sentido.
Artículo 92. Cuando el informe del Instituto indique que el resultado de la jornada de consulta sea vinculante, se notificará al Poder Legislativo, al titular del Poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.
Por eso el Ieqroo informó, en el punto X la Convocatoria que emitió al respecto días atrás, denominado “Consecuencias de los resultados que arrojaría la consulta”, que si cumple con lo que estipula el artículo 91 de la ley ya citada, será vinculante. (VER FOTOGRAFÍA ABAJO) 
De ser así, los cuatro municipios y el Estado estarían obligados a rescindir el contrato de concesión de Aguakan, y pagar esa rescisión de cientos de millones de pesos. 
OBLIGATORIEDAD DE ACATAR LOS RESULTADOS 
Incluso, en el artículo 95 de la ley aclara qué sucedería en caso de que la autoridad no acepte que los resultados sean vinculantes. 
Artículo 95. El incumplimiento de los efectos de los resultados de referéndum, plebiscito y consulta popular vinculantes se considera una omisión que redunda en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho, por lo que será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
O sea, podría haber hasta juicios políticos si no se cumple con la ley. 
¿CONUSLTA IMPROCEDENTE?
A pesar de lo que dice la ley, en el Gobierno estatal consideran que la consulta no puede ser vinculante por varios motivos, y uno central es que usen tema legal y existe un procedimiento administrativo en marcha contra la empresa, que además tiene la opción de defenderse. 
Y consideran que se trataría más bien de una consulta para saber lo que piensa la gente, y no mucho más. 
Esa postura la asumió incluso la propia presidenta del Ieqroo, Mayra San Roman Carrillo, desde que se aprobó la solicitud de consulta, en diciembre pasado.
En aquella ocasión Mayra San Roman votó en contra de la solicitud, aduciendo que no hay certeza de que exista una violación a los derechos humanos de los ciudadanos por parte de la empresa (que razón para pedir la consulta) y además afirmó que no se llegará a un efecto práctico ni tendrá efecto jurídico alguno, y sólo servirá para conocer la opinión de la gente. 
En esa misma sesión, el consejero Adrián Sauri Manzanilla, también votó en contra porque dijo que la consulta podría tratar de un asunto de orden fiscal, por el pago que Aguakan le hace al estado, lo cual esta prohibido en la ley. 
La referencia allí es al artículo 25 de la ley, que dice: 
Artículo 25. La consulta popular será improcedente cuando:
 I. Verse sobre las materias: tributaria, fiscal o electoral; regulen la organización de los poderes del Estado, de los municipios o de sus entidades, así como de los órganos públicos autónomos;
En aquella, ocasión, todos los partidos políticos con representación en el Ieqroo se levantaron de la mesa en señal de inconformidad con la consulta, porque todos coincidían en que no procedía. 
Sin embargo, aún cuando había motivos para impugnar ante el Tribunal Electoral ese procedimiento, nadie lo hizo, y la consulta quedó firme.  
EL ESTADO PAGARÁ EL COSTO POLÍTICO O EL ECONÓMICO 
Ahora, el Ieqroo le deberá pedir al estado que disponga un presupuesto para la consulta (alrededor de 30 millones de pesos). 
Una de las versiones para que la consulta no se haga es que el estado le niegue el presupuesto por la situación de emergencia. Otra es esperar que vote menos del 35% del electorado, con lo cual no sería vinculante. Y un nuevo fracaso del Ieqroo. 
Y la otra opción es simplemente no acatar el resultado en caso de que la sociedad pida la salida de Aguakan, porque no es materialmente posible realizarlo por la situación legal actual entre las partes.  
“Un tema es la validez del procedimiento de la consulta. Y otra cosa es la validez legal del resultado en relación al objeto de la consulta”, dicen desde el oficialismo, donde aseguran, ademas, que Aguakan se va a defender legalmente. 
Como sea, y dando casi por sentado que la sociedad votará por la salida de Aguakan, el Gobierno deberá pagar el costo político de no aceptar ese resultado, o el gigantesco costo económico de quitar a la empresa. Aunque eso, seguramente, lo pagaría la próxima administración. 
Y gran parte de esto sucedió por falta de operación política para frenar la consulta antes de que llegara a este momento.