Decreta Congreso conclusión del periodo y no reelección de magistrado numerario
Consideran diputados que no posee atributos de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia
(La Opinión) (información del Congreso)
Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado declaró por concluido el periodo de seis años para el que fue designado Mario Alberto Aguilar Laguardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), además declaró no ha lugar su reelección en el cargo para un segundo periodo por considerar que en su trabajo cotidiano no demostró poseer atributos de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia.
En la sesión ordinaria número 12, el Pleno de la XV Legislatura aprobó por mayoría el dictamen de evaluación de Aguilar Laguardia, en el encargo de magistrado numerario del TSJE, presentado por la Comisión de Justicia.
En dicho documento se incluyen los motivos y fundamentos que llevaron a los legisladores a concluir que no cumplió con los requisitos idóneos para permanecer en el cargo.
En el dictamen, se señala una acusada falta de interés del magistrado Aguilar Laguardia en prepararse, capacitarse y actualizarse profesionalmente, en materia de derechos humanos y en relación al nuevo sistema de justicia penal, al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, al nuevo régimen de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y al nuevo sistema de combate a la corrupción.
El diputado Fernando Zelaya Espinoza, secretario de la Comisión de Justicia, expuso que durante los cinco periodos de adscripción del magistrado numerario en diversos órganos jurisdiccionales, su eficiencia y productividad registró una importante declinación entre el primer y segundo periodo de adscripción, al pasar del 100 por ciento al 71 por ciento, precipitándose entre el segundo y tercer periodo, pasando del 71 al 29.9 por ciento, recuperándose en el cuarto periodo al llegar al 80.5 por ciento, para reducirse al 61.5 por ciento en el último año.
“Respecto a las averiguaciones previas y las quejas administrativas de las que dan cuenta los informes rendidos por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, si bien se determinaron improcedentes, reflejan una conducta inapropiada e inadecuada para la investidura de un alto funcionario judicial, como lo es el magistrado interesado en su reelección, denotando sus constantes problemas, lo que se traduce en un daño a la imagen institucional del Poder Judicial del Estado y en una grave afectación a la confianza de la sociedad en las instituciones, particularmente en la que se deposita la administración e impartición de justicia”, cita el dictamen.
En entrevista al término de la sesión, el Presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, informó que se notificará al ex magistrado y al titular del Poder Ejecutivo, respecto a la determinación tomada por el Pleno del Congreso para que, una vez que se realice la publicación correspondiente de los decretos, el Ejecutivo pueda enviar la terna para ocupar la vacante de magistrado numerario, procedimiento que se sujetará a lo establecido en la Constitución local y demás leyes vigentes.
