La ASF detectó que el 60 por ciento de los indicadores de control en el manejo de fondos federales es de «nivel bajo»
El resultado: la «corrupción generalizada y organizada» de la pasada administración
(La Opinión)
La evaluación de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de diversos recursos públicos federales que realizó el gobierno de Roberto Borge, muestra que en la mayoría de los casos existe un bajo nivel de control y supervisión, lo que permitió el subejercicio o el mal uso de esos recursos.
De 30 indicadores que midió la ASF en la Cuenta Pública 2015, correspondientes a diversos fondos federales, 21 fueron calificados como de «nivel bajo», y 7 de «nivel medio». Apenas dos de esos indicadores mostraron una performance aceptable.
El análisis de Evaluación de Control Interno, que es parte de la Cuenta Pública 2015, muestra varios fondos donde se dio esa situación. Por ejemplo, el Fondo de Aportación para la Nómina Educativa (FONE) el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y los subsidios para fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.
En todos los casos, la ASF evaluó cinco áreas: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión. Se trata de un análisis a fondo de cómo funcionan las estructuras internas del estado para que los recursos lleguen a su destino en tiempo y forma.
Como ya se explicó, de los 30 indicadores que midió la ASF, cinco por cada uno de los seis fondos mencionados, 21 dieron un nivel «bajo», y siete dieron nivel medio, lo cual significa que es un deficiente sistema de control.
«El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría», explica el informe en un párrafo, que se repite en cada uno de los fondos.
Esos números no son inocentes. Por esa deficiencia, se generaron probables daños a la Hacienda federal. Por ejemplo, 71 MDP en el caso del FAM, 8 MDP en el caso del FONE, 11 MDP en el FAFEF, y un subejercicio de casi 55 MDP en el fondo destinado a la Seguridad Pública.
En el tema de seguridad hay datos reveladores del porqué de la situación de crisis actual. Como se publicó días atrás en La Opinión, en 2015 solo se cumplieron un 13 por ciento de los objetivos planeados, y no se utilizaron 130 MDP destinados a seguridad.
Ademas, al menos cuatro programas pagados con esos fondos fueron entregados irregularmente por adjudicación directa, sin que el gobierno justificara porqué tomó esa decisión. Y en otros casos se compraron equipos que luego ni siquiera funcionaron.
El desmantelamiento de esos controles no fue, de ninguna manera, un error o desidia. Fue parte de lo que el propio gobierno estatal ha denominado como un sistema de «corrupción generalizada y organizada» que se dio en el sexenio pasado.
