Se trata de la ex ministro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, que sería la número 2 de un hipotético gobierno de AMLO
Sánchez Cordero fue fundamental a la hora de defender el entonces gobierno municipal de Juan Ignacio García Zalvidea contra el “golpe de Estado” que le quiso propinar Joaquín Hendricks
El ex gobernador y la X Legislatura quisieron desaparecer el Ayuntamiento y derrocar al alcalde, pero la ministro no lo aceptó
Así, por defender la Constitución, se convirtió en parte de la historia política de Quintana Roo
Hugo Martoccia
El gabinete que presentó Andrés Manuel López Obrador, y que lo acompañará si llega a la Presidencia de la República, incluye a una figura preponderante que tiene mucho que ver con la historia política de Cancún y de Quintana Roo.
Se trata de quien ha sido elegida como probable Secretaria de Gobernación del tabasqueño, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero.
Durante su paso por la Corte, Sánchez Cordero fue la encargada de llevar el caso de la desaparición del Ayuntamiento de Benito Juárez, decretado en 2004 por la X Legislatura, que intentó con esa decisión quitar del poder y de la escena política al entonces alcalde Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea.
La decisión de la Legislatura, influida por el entonces gobernador Joaquín Hendricks, tuvo que ver con el crecimiento político y electoral de Chacho, que se mostraba como una figura capaz de pelear el poder al PRI en las elecciones del año siguiente.
Se lo quiso quitar de escena política a la mala, pero la SCJN hizo valer la Constitución.
LA HISTORIA
El 16 de julio de 2004, una mayoría de regidores Verde ecologistas (el partido en el que aún militaba García Zalvidea) aprovechó una de las acostumbradas ausencias del alcalde para visitar la zona maya, y renunció a su cargo de manera masiva.
Las renuncias, pactadas con el poder estatal, se presentaron supuestamente ante la X Legislatura, lo que inició una cadena de irregularidades e ilegalidades que se volverían en contra de Hendricks y sus diputados.
Basándose en esas supuestas renuncias, una mayoría calificada de diputados emitió el tristemente famoso decreto 120, mediante el cual decidía la desaparición del Ayuntamiento de Benito Juárez, y el nombramiento de un Concejo Municipal presidido por la diputada del PVEM, Marisol Ávila Lagos.
El Concejo tomó rápidamente posesión del Palacio Municipal, y durante unos días, la desaparición del Ayuntamiento pareció el final político de Garcia Zalvidea.
Sin embargo, el alcalde no se amedrentó. Desde el principio de la maniobra del Gobierno del Estado, se recluyó en su casa particular con un grupo de aliados, y allí organizó una sesión de Cabildo en la cual reconoció como recinto oficial la vivienda, y luego fue llamando uno a uno a los regidores para que se presentaran. .
Al no aparecer la mayoría de éstos (que estaban coludidos con Hendricks y los diputados oficialistas) se asumió su renuncia, y se nombró a sus sucesores, por lo cual se conformó un nuevo Ayuntamiento, todo apegado a derecho.
Con ese nuevo Ayuntamiento, el alcalde presentó una controversia constitucional ante la SCJN, para invalidar la decisión de la Legislatura, para que se reconociera su Ayuntamiento, y para se le devolviera el Palacio Municipal.
Esa controversia cayó en manos de Olga Sánchez Cordero.
EL PAPEL DE LA SCJN
La ministro inmediatamente emitió una suspensión a favor del Ayuntamiento presidido por Garcia Zalvidea, y así se inició una batalla jurídica y política que tuvo de todo.
La orden de la Corte era reconocer al Ayuntamiento presidido por Garcia Zalvidea, pero ni los diputados ni Joaquin Hendricks aceptaron las órdenes de la SCJN, poniéndose al filo de un desacato.
La situación incluyó hechos graves de violencia, como cuando una turba de militantes del PRI (muchos de ellos figuras relevantes del Sindicato de Taxistas) apedreó la casa de García Zalvidea.
Sin embargo, con las suspensiones a su favor, Chacho García Zalvidea organizó una marcha multitudinaria hacia la Plaza de la Reforma para exigir que le devolvieran el Palacio Municipal.
Pero Hendricks no cedió. La marcha terminó en corridas, gases lacrimógenos y escándalo, y el ex alcalde fue detenido por la Policía y encarcelado. Se lo acusó de “sedición, motín, sabotaje, rebelión y ataques a las vías generales de comunicación”.
Sánchez Cordero emitió entonces una orden para que García Zalvidea fuera liberado. La razón de fondo siempre fue que la ministro nunca aceptó la existencia del Concejo Municipal, y por lo tanto para la SCJN, Chacho era el Presidente municipal, y presidía un Ayuntamiento constitucionalmente elegido y válido.
Finalmente, luego de presiones políticas y judiciales muy fuertes, Joaquín Hendricks tuvo que ceder.
EL FINAL Y LOS NOMBRES
El Concejo debió abandonar el Palacio Municipal en silencio. Los concejales y sus funcionarios se retiraron sin que nadie les recibiera ni las llaves de las oficinas. El alcalde Garcia Zalvidea había mantenido una postura firme en ese sentido: decía que los miembros del Concejo eran usurpadores, y por lo tanto no podía recibir nada de gente que había ingresado al Palacio “como los ladrones”.
Chacho volvió al poder, y tiempo más tarde pidió licencia y contendió por la gubernatura, que perdió en 2005 ante Félix González Canto.
La historia política del ex alcalde incluyó la cárcel y luego un largo y paradójico paso por el PRI, su anterior verdugo.
Hoy, como aliado de MORENA desde el PT, la historia lo vuelve a poner en un lugar cercano a Sánchez Cordero.
Más allá de esa cuestión política de coyuntura, sin embargo, se trata de un hecho interesante para recordar, porque es uno de los capítulos más oscuros de la historia política quintanarroense, y varios de sus actores, como vemos, siguen muy vigentes.
Muchos de los que formaron parte de aquel capítulo histórico aún están políticamente activos: Joaquín Hendricks, Ludivina Menchaca (regidora de Movimiento Ciudadano en Puerto Morelos) la misma Marisol Ávila, e incluso la actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Verónica Acacio.
Todos ellos apoyaron activamente, de una u otra forma, ese Concejo Municipal inconstitucional.
