Recibirán dinero de un préstamo federal, que irá a estados y municipios.
Aclaran que “no es deuda en términos de la Ley de Disciplina Financiera”.
Pero el dinero se debe devolver con hasta el 4% del Fondo General de Participaciones, en un plazo de hasta 15 años.
La regidora Perla Tun y Fidencio Balam, en Cozumel, y Mary Hadad, en OPB, votaron en contra del acuerdo.
Se espera que otros municipios, y el propio Gobierno estatal, accedan a este convenio.
(La Opinión)
Por mayoría de votos, los cabildos de Cozumel y Othón P. Blanco aprobaron un nuevo esquema de financiamiento que les permitirá acceder a recursos de un fondo federal de estabilización, el cual deberán devolver con recursos propios del Fondo General de Participaciones en un plazo de hasta 15 años.
El convenio se realiza con el estado, y es un “mecanismo de compensación de adeudos mediante un esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)”.
Más allá del título pomposo, lo que eso quiere decir es que los municipios recibirán dinero de un préstamo que pedirá la Federación, que devolverán con recursos futuros del FIEFEF, y con hasta el 4% de los recursos del Fondo General de Participaciones que reciben anualmente.
El convenio generó polémica en los dos municipios, lo que llevó a que algunos regidores votaran en contra, porque consideran que se comprometen los recursos municipales por 15 años.
La regidora Perla Tun y Fidencio Balam, en Cozumel, y Mary Hadad, en Othón P. Blanco, votaron en contra del acuerdo.
Los regidores consideraron que es un esquema financiero que funciona como una deuda (o sea, se pide dinero que hay que devolver luego) aunque no sea catalogada como tal de manera legal.
En ese sentido, el tesorero de Cozumel, Hilario Gutiérrez Valasis, aseguró que no se trata de nueva deuda pública.
“No estamos hablando de nueva deuda pública. Es instrumento financiero, innovador, sui generis, diferente…No constituye un endeudamiento en términos de la ley de disciplina financiera”, dijo.
LA DEUDA QUE NO ES DEUDA
Si bien quedó muy claro que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera este convenio no será tratado como deuda pública “en cuanto a contratación, destino, registro y demás obligaciones”, lo cierto es que la explicación exacta del mecanismo deja en claro que el formato es bastante parecido a una deuda.
Así se presentó en Cozumel (ver fotografías abajo):
“La estructura de la potenciación consistirá primordialmente en un financiamiento bancario amortizable a 15 años contratado por el Gobierno Federal operado a través de un fideicomiso”.
“El esquema de potenciación considera como fuente de pago:
El 100% de las trasferencias ordinarias del FIEFEF, que provienen del Fondo Mexicano del petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Adicionalmente, hasta el 4% del Fondo General de Participaciones”.
Como se ve, no se trata legalmente de deuda, pero se le parece bastante en la realidad.
En su defensa, el estado y los municipios dicen que es un convenio que están firmando todos los estados, porque es la única forma de enfrentar la drástica caída de la recaudación.
Según se dijo en la sesión de Cabildo de Cozumel, el municipio de Benito Juárez aprobaría el convenio, pero se espera que en realidad lo hagan los 11 municipios, y luego el Congreso, para incluir al propio Gobierno estatal.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha dado ningún dato concreto de cuánto sería lo que recibirían el estado y los municipios, y cuánto deberían devolver por año.
