Nace con polémica la Agencia de Proyectos Estratégicos, el principal motor para el desarrollo de infraestructura de los próximos años
El nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso generó incomodidad en propios y extraños
Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos tres años atrás, y su situación jurídica aún no se resuelve
Hugo Martoccia
El Gobierno de Estado acaba de ingresar en una de esas polémicas innecesarias que suelen explotar como problemas mayúsculos. Así de importante es la discusión por el nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso frente a la recientemente creada Agencia de Proyectos Estratégicos (APE).
En pocas palabras, está en duda si el funcionario está o no habilitado para el cargo. Pero más allá de eso, hay otro debate que tiene que ver con la visión general que el Gobierno quiere darle a esa Agencia. La pregunta sería, entonces: ¿Es Ortiz Jasso el perfil que se quiere para esta dependencia?
Hay que entender qué significa la APE y cuál es su trascendencia, para encontrar una respuesta. Y hay dos formas de analizar esa realidad. Hay un valor simbólico y uno práctico de esa Agencia, y cada uno tiene su propia valoración.
EL VALOR SIMBÓLICO
La Agencia de Proyectos Estratégicos reemplaza al tristemente célebre Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE). Esa decisión carga a la APE de un valor simbólico fundamental para el autodenominado Gobierno del cambio.
Sería muy largo hacer un recuento de todos los desfalcos que se realizaron al amparo del IPAE, pero quizá sirva como un dato unificador decir que hoy Roberto Borge está en la cárcel por uno de esos negocios, que involucró 850 hectáreas de tierras vendidas a parientes y amigos, a precio de remate.
Desaparecer el IPAE, entonces, propone, entre otras cosas, una decisión política de mostrar un rostro diferente de la gestión pública.
EL VALOR PRÁCTICO
El otro aspecto de la situación es práctico. La APE es la mayor apuesta del gobernador Carlos Joaquín para modernizar la infraestructura en el Estado. Quintana Roo necesita algo así como una segunda ola de inversiones que modernicen una infraestructura que ha quedado obsoleta o insuficiente.
En el mundo de hoy, o en el México de hoy, no hay forma de encarar un proyecto de esa magnitud sin una decidida apuesta del sector privado. La APE es eso; una Agencia que hará acuerdos con capitales privados para crear infraestructura. A cambio, los privados lograrán concesiones o alguna forma de generar recursos que les permitan hacer de ese aporte un negocio. Todo esto es válido y necesario.
EL RIESGO: UN CENTRO DE NEGOCIOS DE FUNCIONARIOS
En estas mismas páginas ya se dijo, mientras se discutía el nacimiento de la APE, que el mayor riesgo era pasar del IPAE, que fue una inmobiliaria para funcionarios y amigos del poder, a una Agencia de Proyectos Estratégicos que se convierta en un gigantesco Centro de Negocios de unos cuantos. Ese es el peligro qué hay que evitar.
Por su magnitud, si logra el objetivo para el que fue creada, en el mediano plazo quizá ningún área del Estado tendrá a su disposición tantos recursos, obras, contactos y poder político y económico como la Agencia.
En ese contexto, causó una gran polémica que el primer nombramiento de la dependencia sea el de un funcionario con una situación judicial irresuelta que podría, incluso, inhabilitarlo para el cargo.
El problema, como el diablo, está en los detalles. Y el primer detalle de la APE fue el nombramiento de Ortiz Jasso.
LA SITUACIÓN DE ORTIZ JASSO
El paso del funcionario por el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde fue director del Implan en la administración de Julián Ricalde, fue, al menos, polémico. Nadie quedó conforme con su trabajo.
En el año 2014, durante la administración de Paul Carrillo, la Contraloría municipal lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos, por una acusación de irregularidades en el manejo de la información el Plan de Desarrollo Urbano de Cancún 2013.
Según explicó días atrás al periódico Luces del Siglo, Ortiz Jasso pidió un amparo contra esa resolución, que consideró una mera venganza de esa administración municipal, y ante la negativa de la autoridad, recurrió a la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial para revocar esa inhabilitación.
Lo único que ha logrado hasta hoy, es que su nombre no esté inscripto en el Padrón de Servidores Públicos inhabilitados. Demasiado poco para la magnitud del desafío propuesto.
LAS VERSIONES INTERNAS
Hay versiones diversas de las razones que llevaron al gobernador Carlos Joaquín a poner a Eduardo Ortiz Jasso en esa posición. Antes de nacer, la APE estaba virtualmente en manos del empresario Carlos Orvañanos. Pero algo sucedió en el camino, y el empresario se alejó de ese puesto.
Las versiones sobre la capacidad de Ortiz Jasso para ejercer esa tarea son dispares. Unos lo consideran una persona capaz y entrenada para el reto que tiene por delante. Para otros es un funcionario experto en presentar proyectos grandilocuentes, casi faraónicos, que luego no puede concretar. Si así fuera, sería una muy mala noticia para las expectativas de la APE.
Como sea, el inicio de la Asociación de Proyectos Estratégicos, que había logrado pasar casi sin polémica por el Congreso, se complicó a la hora de ponerla en marcha.
La polémica situación de estos días obliga a que el voto de confianza sobre esa iniciativa se mantenga en suspenso hasta ver cómo camina en la realidad.
