Una inexplicable cláusula del crédito de CAPA que se firmó durante el borgismo, dice que si se rescinde la concesión de Aguakan, se acelera la deuda
Eso significa que se deberían pagar los 530 millones de pesos que quedan de deuda de una sola vez, más intereses de 430 millones
El crédito se terminará de pagar en noviembre de 2030; o sea, hay Aguakan para rato
La concesión, además, vence en 2053
Hugo Martoccia
El borgismo no sólo desapareció 506 millones de pesos del crédito de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que ha desfinanciado a ese organismo, sino que además firmó una cláusula según la cual el Estado no puede rescindir la concesión de Aguakan, a menos que pague todo ese crédito más sus intereses de una sola vez.
Esa cláusula está contenida en la “Obligaciones de hacer y no hacer” del mencionado crédito, que se hizo con el Banco Interacciones a fines de 2015. A la letra, dice:
“El Estado deberá mantener vigente el Título de Concesión durante toda la vigencia del crédito y deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones derivadas del mismo”.

El contrato es muy claro: el incumplimiento de cualquiera de las “obligaciones de hacer y no hacer”, como la mencionada arriba, dispara lo que se llama un “Evento de Aceleración” del crédito.
En palabras sencillas, esto significa que si el Gobierno decidiera rescindir la concesión, deberá enfrentar el pago de la deuda total.
Las cláusulas de aceleración son normales en los créditos de este tipo. Lo que hacen es que permiten a las instituciones financieras cobrar el total de una deuda frente a una morosidad de una operación de crédito, u obligaciones similares.
En este caso, la obligación del Estado es mantener vigente la concesión. Si no lo hace, el banco puede pedir la aceleración de la deuda.
LAS CONSECUENCIAS
En el mismo contrato, se establece que de darse el caso de una aceleración, la entidad bancaria puede solicitar que el Estado cubra la cuota de pago de la deuda.
A su vez, CAPA contará “con un periodo de cura de 20 días para corregir o acreditar la inexistencia del Evento de Aceleración”. Pero no podrá hacerlo, porque el evento de aceleración sería, justamente, la rescisión de la concesión de Aguakan.
Entonces, al confirmarse el evento de aceleración, viene la peor parte. El contrato dice que “si la CAPA o el Estado se abstiene de curar o subsanar dentro de 90 días contados a partir de la notificación de aceleración cualquier evento de aceleración”, lo que sigue es el “vencimiento anticipado” de la deuda.
El vencimiento anticipado significa lo siguiente, según el contrato:
“El Banco podrá dar por vencido anticipadamente los plazos pactados y exigir de inmediato lo que se le adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros”.

AÑOS Y DINERO
Esto significa que si se rescinde el contrato de Aguakan, CAPA (en realidad el Estado, porque CAPA no tiene dinero) deberá pagar lo que resta del adeudo.
Según el gráfico que la consultora internacional HR Ratings presentó en julio pasado, entre 2016 y 2017 se pagarán 31.6 millones de pesos de capital, y 102,5 millones de interés. Eso ya estaría efectivamente pagado a fin de este año.
Lo que resta por pagar es lo que va de 2018 a 2030. En ese lapso de tiempo, la deuda incluye 528.4 MDP de capital, y 429.9 MDP de intereses. En total, lo que Banco Interacciones podría exigir es que se le paguen de inmediato 958.3 millones de pesos.
Si el Estado no quiere pagar ese dinero de una vez, deberá mantener al menos la concesión de Aguakan hasta el año 2030.
La concesión de Aguakan está vigente hasta 2053.
LA CLÁUSULA INEXPLICABLE
Lo que no se entiende en este caso, es la razón por la cual se firmó en un crédito de CAPA una cláusula que obliga a mantener la concesión de Aguakan.
Si bien la deuda de CAPA se debería pagar con la contraprestación que debe entregar Aguakan (27.6 MDP trimestrales que la empresa deposita en un Juzgado) ese no es necesariamente el único ingreso posible de CAPA.
Para que se entienda: si se rescindiera la concesión con Aguakan, el dinero que Aguakan recauda por su servicio, lo recaudaría CAPA. Son más de dos mil millones de pesos anuales.
O sea, CAPA tendría cómo pagar su deuda. Por eso no se explica cuál fue la razón de firmar una cláusula que le da una nueva protección a Aguakan.
Parece otro de esos insólitos asuntos que el borgismo dejó como herencia.









