Al inicio del sexenio, el Congreso reformó la ley de Seguridad Pública para reducir escoltas a ex mandatarios
Borge se había autorizado escoltas por 15 años, pero el número era desconocido
Esa opacidad le jugó en contra, porque ahora el Gobierno puede resolver a discreción
No pueden aún quitarle todos los escoltas; deben comprobarle un «delito grave»
(La Opinión)
La drástica reducción de escoltas a Roberto Borge por parte del gobierno estatal tuvo su origen en dos hechos contradictorios: por un lado, la opacidad natural del borgismo, que antes de irse reformó la ley de Seguridad Pública para tener escoltas indefinidos. Y por otro lado, la rápida decisión del Congreso, que apenas entró en funciones tiró abajo esa reforma, y le puso un alto al dispendio y la exageración del ex mandatario estatal.
De los 44 escoltas y 12 vehículos oficiales que tenía, a Borge solo le han quedado 10 escoltas y 3 vehículos.
Pero en el Gobierno se esperanzan con la posibilidad de dejarlo sin ningún escolta. Según el artículo 54 de la mencionada ley, a los funcionarios se les pueden quitar los escoltas «cuando incurran en la comisión de un delito considerado como grave por la Legislación Penal Federal o Estatal».
La pregunta que trata de responderse el Gobierno es: si se emite una orden de aprehensión en algunas de las múltiples causas estatales y federales contra el ex gobernador ¿será suficiente para quitarle sus escoltas?
LA REFORMA Y LOS ERRORES BORGISTAS
Fiel a su estilo, cuando Roberto Borge ordenó que se hicieran reformas a la Ley de Seguridad Pública, dejó un espacio de opacidad suficiente para poder hacer lo que quisiera. La reforma se votó el 29 de junio de 2016.
Esa reforma estableció, entre otras cosas, que la información de las escoltas sea confidencial, incluso los recursos materiales que tuvieren asignados.
Además, se previó que el Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos fuese quien determinara de forma discrecional el número de escoltas y recursos materiales que sean asignados a cada ex funcionario, según expuso la actual Legislatura en su exposición de motivos cuando tiró abajo aquella reforma borgista.
En aquel momento también se amplió el servicio público de escoltas de seis a quince años irrevocables para el Gobernador del Estado, así como para su cónyuge e hijos, cuando éste haya concluido su mandato, y se estableció que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección, no sea menor de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo.
Apenas tomó posesión, la actual Legislatura consideró que la mencionada reforma a la ley se había realizado «de manera injustificada y atentando contra el correcto destino y administración del gasto público».
Por eso, decidió bajar el número de años en qué hay otorgarle escolta a un ex gobernador, de 15 a seis, y estableció que «el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, no será mayor de la mitad de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo».
Esa decisión del Congreso, y la propia opacidad, han permitido que el estado pueda dejar de gastar recursos millonarios en el cuidado del ex gobernador.
Ahora está en manos de la justicia decidir cuando los quintanarroenses podrán quitarse de encima para siempre ese lastre.
