El alcalde quería pasar a sesión de Cabildo una autorización al tesorero para mover el presupuesto y devolver recursos a la Auditoría Superior de la Federación
Es por una irregularidad en su Cuenta Pública 2023.
Pero los regidores se negaron porque dijeron que hay mucha opacidad en el tema, y parece que se quiere poner dinero público para favorecer a una empresa.
Se trata de una empresa que se contrató irregularmente por 550 mil pesos, y que aseguran está ligada a una funcionaria pública.
Con intereses el monto ya casi es de un millón de pesos.
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(La Opinión)
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Los regidores del Cabildo de Bacalar se le rebelaron al alcalde José Alfredo “Chepe” Contreras, luego de que intentara realizar una Sesión Extraordinaria para que le aprueben modificaciones en el Presupuesto anual para solventar una irregularidad suya ante la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2023.
En el orden del día de la sesión se proponía autorizar al tesorero para que “realice los ajustes presupuestales necesarios y transfiera importes entre capítulos de gastos”, con el fin de cumplir con el punto de observación 12 de una auditoría de la ASF. (Ver primera fotografía abajo)
Esa observación tiene que ver con una empresa del rubro ambiental que se contrató irregularmente con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Al respecto, dice el Informe de la ASF (ver segunda fotografía de abajo):
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“El Municipio de Bacalar, Quintana Roo, por medio de la Dirección General de Obra Pública, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, no ejecutó una acción conforme a la normativa aplicable por un importe contratado de 550.0 miles de pesos, ya que se observó que la obra denominada “Servicio de elaboración de exenciones y anuencias ambientales” con número de contrato MB-DGOPDUEMA-AD-FAISMUN-ISIS-033-2023 presentó incongruencias en los plazos de ejecución establecidos en el contrato, debido a que los servicios prestados en cuatro proyectos de elaboración de exenciones y anuencias ambientales, estos fueron ejecutados previamente al plazo contractual establecido”.
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El tema fue presentado en una sesión de precabildeo este jueves, pero los regidores vieron que había mucha opacidad.
Primero, la irregularidad ya había escalado a casi un millón de pesos por los intereses, y es el dinero que debería devolverse a la Tesorería de la Federación.
Y luego les pareció que la premura para hacer ese pago no era para salvar al Ayuntamiento sino a la empresa, para que no sea sancionada por la ASF.
Regidores dijeron en privado que la empresa está ligada a una funcionaria de la dirección de Protección al Ambiente.
Ante esa situación, los regidores le dijeron al alcalde que no realizarían la sesión extraordinaria, y que querían conocer más del tema.
Ahora, el alcalde quiere activar una campaña en redes sociales contra los regidores para presionarlos a que voten su proyecto.
Vale recordar que ese mismo Informe de la ASF que contiene la irregularidad por la contratación de esa empresa, también tiene otras dos irregularidades, una por 7.1 millones de pesos y otra por 10.7 millones, por obras mal realizadas o que directamente no se hicieron.
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