Derechos Humanos considera que la ley orgánica local violenta la Constitución Federal.
Es porque la presidencia de ambos tribunales no las elige el pueblo sino entre los magistrados.
También está el trasfondo de los 15 años de periodo para los magistrados.
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(La Opinión)
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) Heyden Cebada, y la presidenta del Tribunal de Disciplina, Elizabeth Moreno Rejón, podrían perder sus cargos por una Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de sus nombramientos.
En los hechos, la impugnación de la CNDH es en contra de dos artículos de la recientemente aprobada Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo, que determinan la forma en que se elige a los presidentes de esos organismos.
En síntesis, la ley local dice que la elección de esos cargos es por votación entre los integrantes de los mismos tribunales, pero la CNDH considera que eso viola la Constitución Federal, que establece que las presidencias quedarán en manos de quienes hayan recibido más votos.
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“Este Organismo Nacional considera que los artículos impugnados de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo se alejan de las bases constitucionales fijadas por el Poder Reformador de la Constitución General de la República en materia de conformación de los poderes judiciales en México”.
“En este caso, las normas impugnadas no se consideran válidas dado que no guardan conformidad con las bases previstas en la Constitución General de la República, tratándose de la designación de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, así como del Tribunal de Disciplina Judicial del estado de Quintana Roo”, dice la CNDH.
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LOS ARTÍCULOS
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Los dos artículos impugnados son:
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“Artículo 27. La persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia será elegida de entre sus integrantes, por mayoría de votos en escrutinio secreto, en la primera sesión del Pleno que se celebre en el mes de agosto del año correspondiente (…)”
“Artículo 153. La persona titular de la presidencia será elegida de entre las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial en el mes de agosto del año correspondiente. Iniciará sus funciones el primer día del mes de septiembre siguiente a la elección.”
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Como queda claro allí, las presidencias se eligen entre los magistrados por medio del voto de ellos mismos.
Sin embargo, para la Corte Suprema y el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, la Constitución dice que la presidencia “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.
Con base a ello, dice la CNDH:
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“Por tanto, es innegable que el Congreso quintanarroense implementó un sistema de elección de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial no solo sin sustento constitucional, sino alejándose completamente de la ratio de la reforma a la Ley Suprema en materia del Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, lo que redunda en detrimento del principio de supremacía constitucional y por consecuencia, del derecho de seguridad jurídica y legalidad”.
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De prosperar la impugnación de la CNHD, el Congreso del estado deberá cambiar la ley local y determinar que quienes hayan obtenido más votos asuman las presidencias, lo que dejaría fuera inmediatamente a Heyden Cebada, porque no participó de la pasada elección judicial.
Y deberían aclarar cómo hacer al respecto, porque en el estado hay siete magistrados con el mismo números de votos, a raíz del polémico sistema de votación por lista completa.
Esos magistrados son Elena Esmeralda Gonzales Flores, Teresa de Jesús Villa Velasco, Omar Yael Landeros Rosado, José Raúl Galán Muedano, Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, Wendy Fabiola Barrera Ucan y Fabián Azael Gamboa Song.
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OTRAS INCONSTITUCIONALIDADES
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La impugnación de la CNDH se basa fundamentalmente en la supremacía de la Constitución Federal.
Y en ese sentido, llama la atención que no se haga referencia al hecho de que en Quintana Roo los magistrados del TSJ durarán en sus cargos 15 años, cuando el 116 de la Constitución Federal dice literalmente que deben durar en sus cargos 9 años.
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