(La Opinión)
El periódico Reforma de la Ciudad de México publicó en su edición de hoy que María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, promovió un amparo luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró varios terrenos a su nombre, que fueron vendidos por el Gobierno del estado cuando su hijo era gobernador.
Los terrenos, según la investigación de la PGR, supuestamente fueron vendidos a un precio mucho menor al valor de mercado.
El amparo fue para impugnar el aseguramiento de esas propiedades, según Reforma. La madre del gobernador habría adquirido cuatro de los 25 terrenos asegurados por la PGR en abril pasado, que fueron vendidos a un seis por ciento de su valor real, que es de 5000 millones de pesos.
Aquí la nota completa de Reforma:
Cd. de México (19 mayo 2017).- La madre de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, promovió una demanda de amparo para impugnar el aseguramiento de propiedades que decretó en su contra la PGR.
María Rosa Yolanda Angulo Castilla se amparó el 8 de mayo contra una orden de aseguramiento notificada el 12 de abril por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El 3 de abril, REFORMA informó que como parte de esa indagación, la PGR aseguró desde el 24 de febrero un total de 24 terrenos en Quintana Roo, valuados en 5 mil millones de pesos, con 710 hectáreas de extensión, que se presume fueron vendidos a cercanos a Borge en precios muy inferiores a su valor real.
Angulo Castilla adquirió cuatro de esos terrenos, pero la SEIDO solicitó la información financiera y bancaria de ocho personas físicas y nueve empresas, todas ligadas al ex Mandatario, quienes participaron en las operaciones inmobiliarias.
El amparo de la madre del ex Gobernador fue turnado Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, que no lo admitió a trámite.
En cambio, el 10 de mayo pidió a los abogados de la quejosa señalar el domicilio en el que se notificó el acuerdo de aseguramiento.
Señalar bajo protesta de decir verdad la demarcación territorial, esto es, Estado, Municipio o Delegación Política en donde se encuentra el domicilio en el que se le notificó el acuerdo de aseguramiento que señala como acto reclamado en este juicio, siendo necesario dicho dato para establecer la competencia de este órgano jurisdiccional».
El juez Julio Veredín agregó que por «economía procesal» y para no perder tiempo, es necesario aclarar si los aseguramientos se concretaron en otra entidad, lo que hace prever que se declarará incompetente por territorio y enviará el caso a juzgados federales de Quintana Roo.
Los abogados de Angulo presentaron el pasado martes un recurso de queja para impugnar el requerimiento del juez, por lo que el amparo sigue sin ser admitido.
