Se trata de los hoteles Viento del Mar, antes Hotel Playa Azul; Punta del Cielo, y Rosa del Viento, antes Cabañas Ixchel
Habían sido desalojados en mayo de 2014 utilizando juicios laborales apócrifos
Pero los legítimos dueños ganaron un amparo indirecto
La historia de esta estrategia que se utilizó en el sexenio pasado para quedarse con terrenos, hoteles y departamentos de alta plusvalía en diversas partes del estado
(La Opinión)
El comunicado oficial de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social dice que este lunes se recuperaron en Tulum tres propiedades hoteleras que habían sido despojadas durante el sexenio pasado.
“Joel Tovar, Pedro Hernández y el Nuevo Centro de Población José María Pino Suárez, vieron cumplida su lucha y recuperados sus bienes, en un proceso de restitución en donde les fueron entregadas sus propiedades, «Hotel Viento del Mar» (antes Hotel Playa Azul); «Cabañas Punta del Cielo», y Hotel «Rosa del Viento» (antes Cabañas Ixchel)”, dice el comunicado.
Pero la historia y el estilo de despojo merece ser contado paso a paso.
LA INDUSTRIA DEL JUICIO
Eran los años “dorados” del borgismo. El método estaba siendo puesto a prueba exitosamente. Sucintamente, era así: se presentaba un juicio laboral apócrifo contra un hotel, ante una autoridad cómplice.
Este juicio crecía y pasaba etapas jurídicas sin que los demandados tuvieran conocimiento. Un día, el juicio tenía una sentencia multimillonaria en contra de los dueños de hotel, a favor de empleados que nunca había trabajado allí. Así de simple y así de burdo.
La única forma de cubrir esa sentencia multimillonaria, era entregando el hotel al supuesto empleado. Como se trataba de una estrategia de despojo bastante bien aceitada, si hacía falta, se inventaba un representante legal para la empresa, el cual firmaba acuerdos escandalosos a favor de los supuestos empleados.
Como se ve, todo fluía con rapidez y sin contratiempos.
Los nombres variaron según los casos, pero el modus operandis no.
En este caso resuelto este lunes, el proceso inició el 30 de enero de 2012. Ese día, Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera presentaron un juicio laboral ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2, con sede en Cancún. Se le asignó el expediente 138/2012.
Un dato interesante: la recepción de ese juicio no tiene ningún registro en la Oficialía de Partes. O sea, ingresó de manera irregular.
Este despojo en particular necesitó también del aporte de “representante legal” de la empresa ad hoc. Se trató de Carlos Amador Treviño Lozano, que firmó un acuerdo en el cual ofrecía a los demandantes un pago de 200 millones de pesos para saldar la supuesta deuda que había con ellos.
Por supuesto, él no era el representante legal de la empresa.
El pago nunca se realizó, y allí comenzó la otra etapa.
EL DESPOJO
El 23 de mayo de 2014 fueron desalojados los tres hoteles, y se le entregaron a los trabajadores demandantes, como pago de su acuerdo firmado con Carlos Amador Treviño Lozano.
Se trató del Hotel Playa Azul, ubicado en la parcela 1959 de Tulum; Cabañas Puerta del Cielo, ubicado en la parcela 1958, y Cabañas Ixchel, ubicado en la parcela 2042.
Los hoteles quedaron bajo la operación de Ramiro y Omar Tijerina Herrera, que incluso cambiaron los nombres de dos hoteles. Al primero lo llamaron Vientos del Mar, y al tercero Rosas del Viento.
Los legítimos propietarios, que eran Joel Tovar Arcos, Pedro Hernandez Ramirez, y el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez (Municipio de Tulum antes de Solidaridad) presentaron un amparo indirecto en el Juzgado Segundo de Distrito.
Lo ganaron el pasado 29 de noviembre de 2016.
Los supuestos trabajadores se inconformaron y solicitaron revisión del fallo. El 29 de septiembre pasado se declaró firme el amparo indirecto, y se ordenó la restitución de los hoteles.
LA SITUACIÓN GENERAL
El pasado 2 de octubre, durante su comparecencia ante el Congreso, la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo, dijo que hasta ese momento se habían restituido 4 bienes inmuebles a personas que fueron despojados de manera irregular, causando un daño patrimonial por 25 millones de pesos.
Además, informó que se habían recuperado 345 millones de pesos por juicios apócrifos.
Así, se va desmantelando una estrategia de despojo que le hizo mucho daño a la seguridad jurídica del estado.
