¿SE PARTE EN DOS EL TRIBUNAL ANTICORRUPCIÓN? | Le presidenta dijo que hay “deficiencias de técnica jurídica” en las leyes que hizo el Congreso, y se cruzó con otras magistradas

¿SE PARTE EN DOS EL TRIBUNAL ANTICORRUPCIÓN? | Le presidenta dijo que hay “deficiencias de técnica jurídica” en las leyes que hizo el Congreso, y se cruzó con otras magistradas

La presidenta Minerva Marivel Moreno quiso defender el hecho de que un Recuso de Reclamación se resolvió en un año y medio cuando debía hacerse en 5 días. 

Y apuntó contra la nueva legislación del Tribunal, que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado.

Pero dos magistradas no estuvieron de acuerdo con esa postura, y hubo un debate.

También hubo votos enfrentados en otros temas.  

Parece que se han armado dos bloques, y no hay control del organismo. 

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(La Opinión) 

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La situación en el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del estado (TJAyA) parece haberse complicado en los últimos meses, con la integración de dos grupos de magistradas que se enfrentan y votan diferente en temas muy complejos. 
La larga sesión de este jueves fue un ejemplo de cómo están las cosas. Entres las cinco magistradas, dos votaron de manera diferenciada en algunos proyectos presentado ante el Pleno, y además se trenzaron en una discusión sobre las leyes que rigen al Tribunal, con una critica por elevación al Congreso del estado. 
La discusión se había iniciado por un proyecto de la magistrada Nayeli Solís Poot donde criticó que otras de sus compañeras no habían remitido formalmente su argumentos para engrosar un proyecto que previamente se le había rechazado.
Eso generó una discusión sobre la obligatoriedad que tienen las magistradas en hacer esos aportes. En esa discusión, la magistrada ponente fue apoyada por su compañera Claudia Carrillo Gasca. Ese bloque votó en contra de otros proyectos.
El otro bloque, que vota todo en grupo, lo conforman la presidenta Minerva Moreno Cruz, Mayra San Román Carrillo y Rubi Sulub Cih. 

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LEYES Y CONGRESO 

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El punto más álgido de la tarde llegó sin embargo cuando la magistrada Nayeli Solís Poot pidió que se dé vista al Órgano Interno de Control por una omisión de resolver un Recurso de Reclamación. La demora fue de un año y medio cuando debió resolverse en 5 días, seguí establece la ley. (ver fotografía abajo)
Y allí la respuesta de la presidenta fue lo que generó polémica, porque primero consideró “ociosa” la solicitud de su compañera de Tribunal, y luego directamente cargó la culpa en las leyes recientemente aprobadas por el Congreso del estado.

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“Con la entrada en vigor de nuestra nueva Ley Orgánica se crea una nueva figura que es la Unidad de Disciplina Jurisdiccional. Eso implica una separación directa de las atribuciones que hoy le corresponden al Órgano Interno de Control en materia administrativa y financiera y de asuntos laborales, pero no así en cuestiones jurisdiccionales; éstas se reservan para esta Unidad de Disciplina Jurisdiccional”, dijo.
“Sin embargo, atendiendo a algunas deficiencias que encontramos en técnica jurídica en nuestra Ley Orgánica, no nos ha sido posible activar esta Unidad”, agregó.

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Y luego solicitó a los diputados ver ese tema.  

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“Yo les pediría de manera muy encarecida a quienes nos escuchan, incluso a los legisladores, que consideren estos plazos tan breves, que sí nos pone en un tema de responsabilidad porque ya está en ley. Que consideren el tema de las distancias y los mecanismos jurídicos que tenemos que respetar para brindar esa certeza jurídica y no violentar la garantía de audiencia”, dijo. 

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Agregó que por cuestiones de la ley, esa Unidad de Disciplina Jurisdiccional “no tiene las herramientas adecuadas para hacer una investigación ni en su momento emitir una resolución”. 
Por esa postura recibió criticas de las dos magistradas que conforman el otro bloquen y volvió a quedar en claro que la situación interna dista mucho de estar en paz. 
Lo cierto es que el Tribunal ha dejado de ser “invisible” a los ojos de todo el mundo (lo cual es muy conveniente, por los delicados temas que trata) y ya se ha instalado como una preocupación política del estado.   

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