(La Opinión)
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue una de las grandes apuestas del Gobierno Federal para luchar contra uno de los principales males de México. O al menos, eso parecía.
En Quintana Roo, la actual Legislatura está trabajando a marchas forzadas para cumplir las fechas y tener en marcha el Sistema Anticorrupción en el ámbito local. Pero parece que cuando lleguemos a ese punto, el ambicioso proyecto Federal ya habrá muerto.
En los últimos días, diversos medios de comunicación han tratado el tema con mucho escepticismo.
En términos generales, se critica duramente la pasividad, o mera negativa, del Senado para nombrar el Fiscal Anticorrupción, y lo mismo sucede con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El SNA debe estar funcionado en toda su plenitud el próximo 19 de julio, y una parte central de su estructura aún no arranca.
El pasado 6 de julio, el periodista Carlos Loret de Mola se refirió al tema en su columna de El Universal.
Para este periodista, lo que sucede no es otra cosa que la decisión de los partidos de hacer del SNA una estructura inútil.
Advirtió sobre “el cerco que están levantando los partidos políticos contra el SNA”. Lo quieren tener, pero inútil, escribió Loret de Mola. “Sin ruido, la sociedad va perdiendo, los políticos van ganando”, concluyó.
Puso como ejemplo la decisión del Comité Coordinador del SNA en el caso del espionaje del Gobierno Federal a diversos actores sociales. Se presentó ante ese organismo la propuesta para pedir información a la Presidencia de la República y diversas dependencias sobre el uso del malware Pegassus, que se utilizó para el espionaje.
Pero el Comité dictaminó que no se trató de un caso de corrupción, y por consiguiente no había facultad para solicitar esa información.
De los seis votos activos de ese Comité, el único que consideró a ese hecho como un acto de corrupción fue el de Jacqueline Peschard, del Comité Ciudadano.
Todos los demás, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia y la Auditoria Superior de la Federación, votaron en contra. O sea, consideraron que no se trata de un acto de corrupción.
Si un software adquirido para labores de inteligencia contra el narcotráfico se termina utilizando para espiar periodistas y activistas sociales, se están desviando recursos públicos para fines diferentes a los que debían utilizarse. ¿No es eso un acto de corrupción? Para el Comité Coordinador no.
Del mismo tema se ocupó el periodista Roberto Rock, en ese mismo periódico. Dijo que la Fiscalía Anticorrupción parece estar muerta antes de nacer, y criticó la estructura de todo el SNA.
Se atrevió a adelantar una decisión que tomará la política: hacerle cambios profundos a ese Sistema, para que se convierta en nada.
Otra versión de la historia dice que los ataques al SNA son dirigidos por los propios políticos, para desprestigiar un sistema que no tienen ningún interés en que funcione correctamente.
Pero hasta hoy, lamentablemente, el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus pares estatales, parecen en algún punto una forma de limpiarse la cara para la clase política.
Ya ha sucedido en otros temas. Se crea todo un sistema enmarañado y puntilloso de leyes y organismos que a la larga terminan sucumbiendo ante estructuras más añejas, empíricas, que funcionan mucho mejor.
La elección del Estado de México es un ejemplo claro de que las leyes por sí solas no generan nada. El sistema electoral mexicano ha perfeccionado sus leyes hasta niveles casi envidiables, pero sigue habiendo elaborados y exitosos fraudes que ganan elecciones.
