El frente está conformado por diversos actores políticos vinculados a la oposición.
Hacen una fuerte crítica a la gestión del gobierno estatal.
Aseguran que no sirven “a los que quieren negociar nuestro territorio como moneda de cambio”.
“Nos negamos seguir siendo espectadores de la decadencia, avanzando de la queja a la acción”, dice el comunicado.
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(La Opinión)
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Actores políticos, empresarios y representantes de distintos municipios del estado presentaron este miércoles la “Declaración de Libertad del Estado de Quintana Roo ante sus opresores criminales”, mediante la cual denuncian la crisis de inseguridad, exige acciones contra el crimen organizado, y hacen fuertes críticas contra la actual gestión del Gobierno estatal.
“La inseguridad no es un problema de ‘percepción’, sino una realidad cotidiana que obliga a familias enteras a vivir con miedo, expulsa inversión, cierra negocios y desalienta el turismo”, dice el documento que se dio a conocer este miércoles (ver abajo).
Entre los firmantes se encuentran el presidente del local, Gustavo Miranda; el exalcalde de Benito Juárez, Greg Sánchez; el exdiputado José Luis “Chanito” Toledo; el empresario turístico de Tulum, Eugenio Barbachano, y el ex alcalde de Cozumel, Juan Carlos González.
También aparecen Tania Casamadrid y Cristina Coronado, por Bacalar, así como Domingo Flota y Joaquín Inurreta, por José María Morelos, entre otros.
El documento dice que ese grupo no es “siervo de partidos ni cacicazgos”, y agrega: “Tampoco servimos a los que quieren negociar nuestro territorio como moneda de cambio”.
En el texto se acusa que quienes deben proteger a la población han tolerado a grupos que atentan contra las familias, dañan a los jóvenes, extorsionan a comerciantes y campesinos, corrompen instituciones y destruyen el tejido social de las comunidades.
Los firmantes también atribuyen la crisis turística y laboral a la falta de atención al sargazo, además de señalar el abandono del campo, los productores, la Zona Maya, la infraestructura y los destinos turísticos.
Asimismo, denuncian persecución política, el uso selectivo de la justicia, la fabricación de carpetas de investigación y ataques mediáticos contra quienes cuestionan a las autoridades.
En la declaración exigen la restauración del Estado de derecho, la persecución efectiva del crimen organizado y de la corrupción política, así como el fin de lo que califican como “impunidad selectiva”.
“Nos negamos a seguir siendo espectadores de la decadencia, avanzando de la queja a la acción”, sostiene el pronunciamiento, que hace in claro llamado a la “ciudadania organizada mediante comités” para la elaboración de propuestas concretas y la realización de acciones permanentes para recuperar la capacidad de autogobierno de la entidad.
“El quintanarroísmo debe estar por encima de los partidos políticos, libre de la captura de intereses que anteponen el poder al bien común de la ciudadanía”, concluye uno de los puntos de la declaración.
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(Con información de Caribe Peninsular)
