Se detectó que funcionarios de la administración jugaron en contra del proyecto
También el presidente municipal de Bacalar, que operó en los ejidos
Y los diputados federales y partidos políticos, que ven la posibilidad de disminuir la principal fuerza electoral de Carlos Jarquín en 2016, que estuvo en Chetumal
La autoridad, además, advierte sobre el peligro de que los ejidatarios se amparen y el tema se judicialice
Por lo pronto, la probable declaración de la ANP se mantendrá congelada hasta después de las elecciones
Hugo Martoccia
El freno que se ha decidido sobre el proyecto del Área Natural Protegida (ANP ) de Bacalar tuvo un gran componente político.
El Gobierno Estatal detectó que una deficiente operación política y mediática para dar a conocer el proyecto y sus beneficios, fue aprovechado por sus adversarios políticos, que ganaron espacio en los medios e impusieron su visión.
Lo más extraño que se descubrió en ese análisis, es que hay un funcionario del propio gobierno que ha operado a favor de los ejidatarios más politizados, incluso desde la discusión del POEL, un ordenamiento ambiental local.
Se trata de Marcelo Carreón Mundo, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado (SEDARPE)
También, hubo una decidida oposición y operación política de parte del presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, del ex diputado perredista, Román Guzmán, y del referente priista de la zona, Juan Manuel Herrera.
Eso, más el error de las autoridades federales al apoyarse en Amigos de Sian Kaan para hacer los estudios técnicos (alianza muy mal vista por los ejidatarios) y la poca explicación que hubo sobre el tema, llevaron las cosas a su estado actual.
El EMBROLLO POLÍTICO
El pasado 18 de septiembre hubo una muy concurrida reunión entre autoridades y diversos grupos ecologistas en la cual analizaron el tema de la ANP.
Participaron la Secretaria de Medio Ambiente del estado (SEMA) la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) el Instituto Nacional de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) Amigos de Sian Kaan, Ecosur, ecologistas independientes y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Analizaron todos los aspectos ambientales, pero concluyeron que eran los intereses políticos los que estaban complicando la situación.
Por ejemplo, los ejidos más combativos , se dijo allí, fueron creado en la época del gobernador Mario Villanueva. Están integrado por políticos y empresarios del sur que no le van a facilitar las cosas al Gobierno.
“Hay desconocimiento e intereses políticos de los ejidatarios”, dijeron.
Una situación particular sucedió con el ejido Aarón Merino. En esa reunión se comentó que esos ejidatarios, y el presidente Municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, tienen un acuerdo para retrasar la aprobación de cualquier ordenamiento regulador.
En el caso de ese ejido las posturas negativas venían incluso desde las discusiones previas por el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POEL) que debe actualizarse.
El ex diputado local del PRD, Román Guzmán González, que tiene gran influencia en el ejido, se plantó ante las autoridades y les dijo que cualquier instrumento regulador debe adecuarse a lo que ellos quieren. Su objetivo es desarrollar la zona sin condicionantes ambientales.
En esa postura tuvo el apoyo del líder priista de la zona, Juan Manuel Herrera.
Ambos fueron claros, están cansados de las autoridades, porque no reciben nada de ellos. En el Gobierno intuyeron que se trataba de una advertencia de que les iban a abrir diversos frentes de protesta campesina, como lo hicieron al inicio de la administración.
Increíblemente, a ese combo de opositores se sumó un funcionario de la propia administración estatal. Se trata del ingeniero Marcelo Carreón Mundo, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado (SEDARPE).
Carreón Mundo se reunió por su parte con ejidatarios y trabajó abiertamente a favor de ellos. Mientras SEMA y Conanp intentaban explicar las bondades de una regulación ambiental que permitiera un crecimiento sostenido (POEL primero, ANP después) el funcionario operó la negativa de ejidos en los cuales tiene intereses personales.
En este asunto, como ha sucedido en otros, el Gobierno ha convivido con el enemigo.
LA OPORTUNIDAD DE LOS PARTIDOS
El escenario que se generó fue perfecto para que los intereses de los partidos políticos buscaran ganar algún espacio.
Primero fueron los diputados federales, que por unanimidad se manifestaron contra la ANP, y luego siguieron los partidos políticos. El PRI llevó el tema al Congreso, y luego los diputados decidieron la formación de una Comisión, que tiene como principal objetivo no quedar indiferentes a un tema que ha causado gran polémica, pero en el cual poco pueden incidir.
Varios de los nombres de políticos que han aparecido en la prensa atacando la ANP tienen intereses en la zona. Por eso, el tema les sirve en dos aspectos: cuidan sus negocios o patrimonios, y ganan de cara al proceso electoral.
Hay que recordar que en la zona sur de estado fue donde Carlos Joaquin logró la diferencia de votos que lo llevó al Gobierno.
Luego de más de un año de gestión, la situación del oficialismo en el sur no es la misma. Reales o no, hay temas que se instalaron en la opinión pública y golpearon mucho al Gobierno.
Los despedidos al inicio de la administración, la supuesta llegada masiva de funcionarios poblanos, la elección de una empresa de Puebla para la confección de uniformes escolares, y, fundamentalmente, la demora en la reactivación económica de la región, son temas que han calado hondo en los chetumaleños.
Para ponerle broche de oro, la Secretaria de Turismo convalidó un informe en el cual se calificó a los hoteleros del sur como “problemáticos”. Esas relaciones, como se ve, no pasan su mejor momento.
Todo eso, más la movilidad de políticos opositores (y algunos oficialistas, incluso) y ejidatarios, y cierta morosidad de los funcionarios, principalmente los federales encargados del tema, hizo que la batalla ante la opinión pública comenzará muy mal para las autoridades.
PROYECTO CONGELADO, PERO NO MUERTO
Ante ese escenario, congelar todo hasta después de las elecciones parece lo más prudente. Las autoridades prefirieron replegarse. Ahora vendrá un trabajo hormiga, ejido por ejido, para ir explicando de qué se trata la propuesta y buscar apoyos y consenso.
El Gobierno entiende que se debe llegar hasta la Asamblea General de los ejidos para que se vote si hay apoyo a la ANP, y que explícitamente se apruebe ser incluidos en el polígono. De otra manera, podría generarse una ola de amparos que echarían por la borda todo el trabajo.
Presiona a la Conanp para que haga ese trabajo, que le corresponde.
A pesar de que el tema ha quedado en stand by, la idea sigue siendo la misma: convertir esas más de 200 mil hectáreas en una Reserva de la Biósfera o en un Área Protegida de Flora y Fauna. Para ello está en marcha el Estudio Previo Justificativo.
El Gobierno Federal y el estatal, con datos ambientales en la mano, coinciden en algo: en los alrededores de la Laguna de Bacalar es inviable un proyecto de turismo intensivo. Su destino inevitable sería colapsar.
Quizá lo único que pudiera salvar la negociación sería que desde los tres niveles de Gobierno se llegara a las conversaciones con un proyecto sólido de turismo de baja densidad, que sea rentable para los dueños de la tierra.
De otra manera, se impondrá el desarrollo anárquico, guiado sólo por la ambición, que pondrá en serio riesgo a la región.
Datos técnicos de la ANP:
Se encuentra ubicada en los municipios de Bacalar y Othón Pompeyo Blanco, la superficie del polígono propuesto es de 219 mil 818 hectáreas.
Abarcaría el sistema lagunar Bacalar, las planicies de inundación, la bahía de Chetumal y una parte del Río Hondo, así como superficie parcial de los ejidos de Bacalar, Aron Merino, Buena Vista, La península, Chetumal, Laguna Guerrero, Calderitas, Santa Elena, Juan Sarabia, Pedro Antonio de los Santos, Chacchoben, entre otros.
