Es para poner en marcha el programa “Quintana Roo Seguro”
Reconoce Gobierno mala percepción social sobre seguridad
Dice que el 93 % de los cancunenses considera que la ciudad es insegura
También, reconoce que la situación podría tener impacto en el turismo
(La Opinión)
El Congreso de estado autorizó al Gobierno de Carlos Joaquín a realizar un contrato de arrendamiento por 2900 millones de pesos para adquirir, por ese método, 6 arcos de control vehicular, más de 1800 cámaras, y una red de transporte de datos entre centros de comando, entre otras cosas.
El arrendamiento tiene un límite de 51 meses, y los elementos que se renten servirán para poner en marcha el programa “Quintana Roo Seguro”, que supone dotar de nuevos elementos tecnológicos al área de seguridad del estado.
La autorización que pide el Gobierno es para que la Secretaria de Finanzas y Planeación autorice las asignaciones presupuestales suficientes para pagar ese arrendamiento durante 51 meses. Se trata, aseguran, de dinero propio que no incrementará la deuda pública.
Sin contar con intereses, se trataría de un arrendamiento de alrededor de 60 millones de pesosmensuales aplicados a seguridad.
De acuerdo a la iniciativa de decreto que el gobernador Carlos Joaquín presentó a la Legislatura, el primer paso del Programa “Quintana Roo Seguro” será para reforzar la seguridad en Benito Juárez, donde se concentra la mayor cantidad de los delitos del estado.
Según datos que el propio Gobierno presentó, el 93 por ciento de los cancunenses creen que la ciudadanía es insegura, y porcentajes similares sienten lo mismo en las calles, cajeros automáticos o el transporte público.
EL IMPACTO EN EL TURISMO
En la iniciativa aprobada en el Congreso, el Gobierno reconoce el impacto de la inseguridad en el turismo.
“La seguridad pública desde el punto de vista de la percepción tiene un efecto determinante en la actividad turística, que es piedra angular de nuestra economía”, dice.
“Se ha afirmado con acierto que en el caso de los posibles turistas, las amenazas a la seguridad personal, sean reales o una percepción subjetiva, influyen al momento de tomar la decisión de viajar”.
Con respecto a este tema, el diputado perredista Emiliano Ramos aseguró que se trata de dinero que surge del propio presupuesto del estado, y que no es un endeudamiento.
“No habrá endeudamiento ni deuda pública alguna; con impuestos se pagará a una empresa la renta del equipo de vigilancia para la zona norte”, explicó.
La empresa responsable se encargará no solo de la instalación, sino también del mantenimiento y actualización del software. Es adjudicación directa y no licitación, “dado lo delicado del tema de la seguridad pública”, dijo Ramos.
Además, dijo que el contrato concluirá el último día del mandato de esta administración, lo que implica que no heredarán contratos a las siguientes autoridades.
