A pesar de que 8 regidores le pidieron dar de baja a 4 funcionarios involucrados en el tema, la alcaldesa les comunicó oficialmente que no lo hará.
Pero pidió una investigación a la Contraloría.
(La Opinión)
La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, les dijo oficialmente a sus regidores que aplicará la “presunción de inocencia” a favor de un grupo de 4 funcionarios de su gobierno que están implicados en el caso de la empresa Redesol.
La respuesta de la alcaldesa obedece a un oficio que un grupo de 8 regidores del Ayuntamiento (3 de ellos de MORENA) le enviaron días atrás, mediante el cual le pedían que separe de sus cargos al Jurídico René Medrano, el asesor Marciano Peñaloza, el secretario general Miguel Paz Cetina y el director de lo Contencioso, Manuel Gerragdo Ylizaliturri.,métodos involucrados en ese caso.
En una reunión con los regidores realizada a inicios de esta semana, Laura Beristain les pidió un plazo de una semana para tomar una determinación sobre el tema, pero menos de 24 horas más tarde les envío un oficio en el cual les informaba que no echaría a sus funcionarios.
“Atendiendo a los principios de legalidad e imparcialidad que usted tan certeramente menciona, quiero hacer valer con todo el debido respeto, ante usted y ante todos los firmantes, que lo urgente, conveniente y necesario, es el cumplimiento de la ley, que existe primeramente la presunción de inocencia”, dice el escrito dirigido a la oficina del regidor Carlos Guerra Sanchez, según se lee en la fotografía de abajo.
Además, Laura Beristain les pidió que esperen que se hagan las investigaciones pertinentes.
“Lo exhorto respetuosamente a usted permitir que se lleven a cabo las diligencias que lleven a la investigación pertinente, y satisfaga el debido cumplimiento legal y se determine oportunamente el deslinde de responsabilidades y en su caso sanciones que correspondan “, dice el oficio.
Allí mismo, la alcaldesa les aclara que ya envió un oficio a la Contraloría “para su debida investigación, substanciación y resolución de los delitos que se hayan cometido”.
El oficio en cuestión, al cual también tuvo acceso La Opinión (oficio 0354/2019, fechado el 28 de agosto) está dirigido al Encargado de despacho de Contraloría, Iván Murguía Beltrán Enríquez.
Dice:
“Lo instruyo para que sea investigado todo el contexto de los acontecimientos, hechos, derecho, proceso y procedimiento de la mencionada minuta que se adjunta.”
“Asimismo, sea investigado cualquier otros funcionario que haya tenido participación en los mencionados hechos”.
Lo que los regidores quieren saber, es porque desde enero, cuando el municipio conoció la sentencia que le devolvía a Redesol la concesión de la recolecta de basura, no tomó medidas al respecto.
Además, saber porque no se combatió legalmente esa sentencia, y quien decidió la contratación de las empresas PASA y VTM del Golfo para el servicio de recolecta de basura (a un costo de más de 8 millones de pesos por mes) aun cuando estaba expresamente prohibido en la sentencia.
Ante esta repuesta de la alcaldesa, en una entrevista en el programa Punto x Punto, del SQCS, el regidor Carlos Guerra dijo que no ven intenciones de llegar al fondo del tema, y que de su parte no hay confianza en la Contraloría, que está manejada políticamente por la alcaldesa.
