(La Opinión) (información del CCE)
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El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y el Consejo Hotelero del Caribe, manifiestan su reconocimiento al “esfuerzo y compromiso” del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Lic. Cristina Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo y del Lic. Carlos Fuentes a cargo de la Consejería Jurídica del Estado, en la revisión y modificación a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.
Se trata de una legislación que es herramienta fundamental para el desarrollo económico y de infraestructura en Quintana Roo, que al mismo tiempo garantice la certeza jurídica en los casos donde el interés público lo requiera.
Durante las últimas semanas, el CCE del Caribe y el Consejo Hotelero Caribe Mexicano en unión con diversos gremios empresariales, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C, hemos trabajado arduamente en colaboración con las autoridades estatales para la propuesta de modificación a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, una ley que garantiza un equilibrio justo entre el desarrollo del estado y la protección de los derechos de la propiedad privada, de los ciudadanos y la sociedad en general.
Este esfuerzo conjunto generó mecanismos claros y transparentes en las causas de utilidad pública, un proceso eficiente, así como una compensación justa y adecuada por el bien expropiado, asegurando que se realicen bajo principios de legalidad, equidad y respeto a la propiedad privada.
La colaboración entre el Gobierno y la iniciativa privada es clave para consolidar un Estado más competitivo, que impulse la inversión y el desarrollo económico en la región, con reglas claras que fomenten el crecimiento sostenible y la protección de los derechos de las empresas y de cada uno de los ciudadanos de nuestro Estado.
Por ello, reiteramos nuestro reconocimiento a la disposición y apertura al diálogo del Gobierno de Quintana Roo, para construir en conjunto con el sector empresarial una normatividad equitativa y eficiente.
Este proceso, caracterizado por su participación y transparencia, contó con la colaboración de diversos organismos del estado, permitiendo la coparticipación entre los sectores público y privado en la creación de una reforma que fortalece la confianza entre sociedad y gobierno, establece un precedente para futuras iniciativas.
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