Los apuntados del Gobierno son el titular de Imoveqroo Rodrigo Alcázar, y la Secretaria de Gobierno Cristina Torres.
Y prueba de ello es el reciente nombramiento de la líder taxista Erika Castillo Acosta, como directora de Gobierno, dijeron.
Acusaron al Fiscal del estado, el neojoaquinista Óscar Montes de Oca, de archivar o no recibir las denuncias contra taxistas por cacería contra Ubers.
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(La Opinión)
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Operadores de Uber se lanzaron hoy en contra del Gobierno del estado, y rechazaron que haya impedimento legal para la operación de esta plataforma en la entidad.
A la vez, responsabilizaron a las autoridades locales, entre ellos a la propia Fiscalía del estado, de la violencia, bloqueos y todo el problema generado por los taxistas.
En conferencia de prensa ofrecida este jueves, los voceros de un grupo de choferes, Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, dijeron que el Gobierno mal informa a la ciudadanía, al no acatar inmediatamente la orden judicial de dejarlos trabajar y tener pactos con el sindicato Andrés Quintana Roo.
En ese sentido señalaron a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y al titular del Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo) Rodrigo Alcázar, de que la postura de ellos de declarar “ilegal” a Uber, genera el riesgo de provocar violencia, ya que el Gobierno sabe que la plataforma, a pesar de la falta de una regulación, están operando de manera legal mediante un amparo ganado desde el 2019.
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“Ellos dicen que hasta que estemos regulados por el Gobierno del Estado vamos a poder operar. Eso es mentira, eso no lo dice la orden, ellos están distorsionando la información. La ley nos permite operar, ese amparo nos permite operar”, dijeron.
“Estamos desesperados porque tenemos un amparo que es legal y nos permite operar, tan es así que la mismas autoridad no nos puede detener, por eso pedimos poner un alto a la violencia”, agregó Águeda Esperilla.
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Sostuvieron que estos funcionarios están brindando impunidad y poder a dicho gremio, y prueba de ello es el reciente nombramiento de la líder taxista Erika Castillo Acosta, cómo directora de Gobierno.
Exigieron que el titular de Imoveqroo, Rodrigo Alcázar Urrutia, y a la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, digan públicamente la verdad sobre la autorización de operación de la plataforma, y que encarcelen y retiren sus concesiones a los taxistas que comentan ilegalidades, como estipula la ley, pues “mientras no hayan consecuencias serías, esto va a continuar”.
Aseguraron que interpondrán denuncias penales en la Fiscalía General del estado, en contra de la secretaria de Gobierno del Estado y director de Imoveqroo por delitos que han cometido en flagrancia, principalmente por desacato de una orden judicial e instigación a la violencia.
Sin embargo, tampoco confían en la Fiscalía.
Calificaron al Fiscal del estado, el neojoaquinista Óscar Montes de Oca, como “mentiroso”, y dijeron que no acepta las denuncias que ellos presentan contra taxistas violentos.
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“El Fiscal del estado es un mentiroso. Están las denuncias sin atender. No recibe las denuncias”, dijeron.
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Denunciaron también que empleados de la hotelería están provocando la violencia operando para los taxistas desde sus centros laborales en zona turística, reportando a los turistas que solicitan el servicio de la plataforma.
Finalmente, Esperilla Soto y Calzado Calzado anunciaron que los operadores de Uber se sumarán este viernes 27 de enero a la propuesta ciudadana de “Un Día Sin Taxi”, por lo que sus vehículos portarán en sus parabrisas una cartulina con la mencionada leyenda.
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