La seguridad es el gran fantasma de la gestión
El gobernador intenta una gestión abierta y cercana a la sociedad
Pero algunos de sus principales colaboradores caminan por otro rumbo
¿Quien representa al gobierno? ¿La nueva relación cara a cara con la sociedad? ¿O la oscuridad de Sintra?
Hugo Martoccia
Los primeros seis meses de gestión del gobernador Carlos Joaquín González, dejan algunas señales muy claras de cuál es el rumbo del gobierno.
Se trata de una administración que tiene dos rostros muy diferentes: un sector que intenta reorientar la gestión de gobierno hacia los problemas más importantes, como la educación o la salud, una relación más cercana con la sociedad, y una visión de estado más consistente, y otro sector que parece operar con las mismas mañas del pasado, y que se embrolla en cálculos egoístas.
No es algo inesperado. La coalición que llevó a Carlos Joaquín al poder contiene la raíz de esos elementos.
Hay un par de partidos políticos, PAN y PRD, que lo cobijaron electoralmente, pero que en realidad actuaron como los vehículos de una necesidad de cambio de la sociedad.
Y hay otro sector, ligado al PRI y al origen político del gobernador, que le dio un apoyo no menor, y que hoy se está cobrando con creces ese apoyo. Ese costado del gobierno es el que genera más dudas.
Ejemplos hay muchos pero, como siempre, los últimos son los mejores. El manejo de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) deja mucho que desear. El aumento al pasaje en las combis TTE de Cancún es el último de los yerros de esa dependencia.
Su titular, Jorge Portilla, dijo que ni siquiera conocía el aumento. Se lo comentó, dijo, el director de Transporte, Alejandro Ramos. Ahora han decidido echarlo abajo. Un manejo desaseado que muestra las entrañas de esa dependencia.
La Sintra es un área central de la administración. No solo maneja obras y cientos de millones de pesos, sino también que tiene relación directa con una vasta red de sindicatos del transporte, que puede controlar a base de prebendas y arreglos bajo la mesa. Para decirlo en palabras simples: abarca una de las redes potenciales de corrupción mas grandes del estado.
El caso Uber es un ejemplo. Sintra ha decidido convertirse en una suerte de justiciero en contra de esa empresa internacional. La ley ampara a la dependencia para detener los vehículos de esa empresa, que no tiene una concesión en el estado. Pero la dependencia no siempre actúa con el mismo celo por la legalidad.
¿Porqué, por ejemplo. no solo permite que cientos de combis de TTE sigan funcionando, sino que además les permite un aumento? Las combis de TTE están directamente vinculadas a Roberto Borge y a políticos y empresarios ligados al sistema. Esos nombres los conoce Sintra. Sin embargo, no le parece un gran problema.
La persecución contra Uber, al contrario, ha generado de todo, hasta un operador muerto. Y, por supuesto, decenas de millones de pesos en multas.
En el fondo, el tema es político. Una decisión de parte de quienes manejan Sintra de tener un acuerdo de fondo con los sindicatos de taxistas de todo el estado. Como se sabe, se trata de grandes cajas políticas, y de estructuras electorales inigualables. O sea, una estrategia muy parecida al pasado reciente.
LOS OTROS CONFLICTOS
Ese costado polémico del gobierno está directamente vinculado, también, con el titular de la Oficina del Gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta. No hay crítica al gobierno estatal que no incluya el nombre del ex alcalde de Solidaridad, que maneja un presupuesto millonario e inexplicable, para un puesto que también tiene mucho de inexplicable.
Pero en esas mismas críticas están quizá las razones de su permanencia y cercanía con el gobernador. No hay un solo priista, por ejemplo, que no avale las condiciones de operador político de Miguel Ramón. Supo gestionar una mayoría en un Congreso que era naturalmente díscolo. No es un dato menor: allí se sustenta hoy la gobernabilidad de Carlos Joaquín. Hasta hoy, el Congreso es quien mejor ha sabido interpretar las necesidades políticas del gobernador.
Las últimas noticias del sub mundo del gobierno hablan de un acuerdo de fondo entre la gente de Sintra, Jorge Portila y Alejandro Ramos, con Miguel Ramón Martín Azueta. La base de ese acuerdo es electoral. Jorge Portilla es uno de los funcionarios que ha permitido (o le han permitido) que su cabeza vuele seis años hacia el futuro, y sueñe con verse como gobernador.
El otro funcionario que piensa igual es el titular de la Secretaria de Hacienda, Juan Vergara.
El caso de Vergara tiene otros matices. Fue el primer funcionario polémico de la administración por tres hechos: una millonaria e inoportuna fiesta de cumpleaños, el intento de compra de un software de casi 400 MDP (hay quien dice que esa idea no está muerta) y la reestructuración de la deuda, que agregó 20 mil millones de pesos a cambio de más tiempo y pagos menores.
Desde ese momento, sin embargo, ha sabido guardarse. Se ha movido con menos estridencia pero no con menos determinación electoral.
Ninguno de estos funcionarios mencionados, vale la pena aclararlo, representa el estilo de un gobierno del cambio. Sus modos y sus costumbres están ligados a otra forma de hacer política.
CHETUMAL, ESA INCÓGNITA
Solo hace falta ver la agenda pública del gobernador Carlos Joaquín para darse cuenta que el lugar donde más cómodo se siente es en Chetumal.
Hay razones varias. El triunfo de su alianza fue allí arrasador, y por ello se generan mayores compromisos. El gobernador tiene la idea fija de que no hay un futuro posible como estado, si no se reactiva la economía del sur. Es, quizá, el eje central de su administración.
Pero justamente es Chetumal en donde más se han sentido los efectos del cambio. Los despidos que se produjeron con trabajadores del estado han golpeado una parte de la confianza ciudadana.
No hay duda de que algunos de esos despidos eran lógicos, y seguramente habrá otros injustos. Pero lo cierto es que en casos como ese, Chetumal se convierte en una caja de resonancia. La oposición priista ha aprovechado esa situación. Y no es ilógico; es lo que hacen las oposiciones políticas en el mundo.
LA SEGURIDAD, ESE FANTASMA
No se puede hacer ningún análisis de los primeros seis meses de gobierno sin mencionar la seguridad. Otra vez, basta un ejemplo de las últimas horas para saber dónde estamos parados.
No habían pasado 36 horas del arribo, con bombos y platillos, de 600 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional a Cancún y Playa del Carmen, cuando una balacera dejó al menos cuatro muertos casi en la puerta de la zona hotelera de Cancún. Esa es la situación, y es muy compleja.
A ese escenario se agrega la lentitud en la Fiscalía General del Estado. Pareciera que la dependencia se mueve a un ritmo cansino, que no tiene que ver con la velocidad de los hechos. El último traspié ocurrido en la semana, cuando Héctor Casique los acusó de cobijar a 43 torturadores, hundió un poco más su ya débil prestigio.
EL LARGO PLAZO
Más allá de la batalla del día a día, hay un sector del gobierno que mira hacia adelante, y proyecta y piensa por seis años.
Quizá el principal gestor de esa mirada sea el asesor del gobernador, Juan de la Luz Enríquez. «Ustedes tienen una oportunidad histórica de cambiar las cosas», les dice a los diputados cada vez que puede. Repite palabras similares aquí y allá. Cree firmemente que en seis años este gobierno va a cambiar Quintana Roo.
También tiene dialogo con un sector del gobierno que es el que ha impuesto los conceptos de igualdad de oportunidades para todos, o de crear un estado más justo. Otro sector del gobierno solo lo considera un mero asesor estrella, de esos que nunca faltan cuando hay un gobernador y un gran presupuesto.
Al gobierno hay reconocerle algo. Su rostro más amable sigue siendo el del propio gobernador Carlos Joaquín. Más allá del desgaste de las expectativas desmesuradas, o de la lentitud para hacer justicia con el pasado, el capital político continúa siendo muy grande. Quizá tenga que ver con ello la orfandad de figuras electorales en la oposición.
Eso también quiere decir que el mandatario estatal está a tiempo, por supuesto, de dar un golpe en la mesa y cambiar lo que haya que cambiar.
