La presidenta presentó su nueva iniciativa de reforma electoral sin tocar los privilegios de los partidos políticos aliados.
Pero va contra los Congresos Estatales y Cabildos, que en su mayoría son de MORENA.
Además, defendió la alianza para el 2027.
Se disminuirán 15% los recursos al Senado, y se mantiene la fecha de la elección judicial para el 2027.
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(La Opinión)
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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy en su conferencia mañanera el llamado Plan B, el cual confirmó que prevaleció la decisión de mantener contentos al PVEM y al PT por sobre la opción de presentar una reforma electoral de gran calado.
Finalmente, como anunció ayer este medio, se dejó de lado el punto más importante del Plan B, que era poder someter a consultas públicas los temas electorales, y, a cambio, la nueva propuesta se centró en recortes a los Congresos Estatales y Cabildos, así como al Senado.
Un dato relevante para saber quién gana con esta reforma: no se tocan los privilegios partidarios del PVEM y PT, y el golpe a los Congresos y Cabildos va directo contra el propio MORENA, que es el que maneja la mayoría de ellos en el país.
La propia Presidenta reconoció que no se pudo avanzar en contra de los privilegios de los partidos políticos, pero dijo que insistirá desde sus mañaneras.
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“Como presidenta voy a seguir insistiendo. Ya no se pudo con esa reforma constitucional, pero no por eso uno va a dejar de decirla”, comentó.
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Sin embargo, también defendió la alianza con PVEM y PT.
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“Con el Verde y con el PT hay muchísimas coincidencias (…) se votó por la mayoría de las reformas constitucionales”, dijo.
“Le corresponderá a Morena decidir sus alianzas, pero no hay que que olvidar en todo lo que sí se está de acuerdo”, agregó.
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LA INICIATIVA
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Esta iniciativa plantea modificaciones a la Constitución y a leyes secundarias para establecer un menor presupuesto a Congresos estatales (máximo un 0.7% del Presupuesto del estado) un tope de remuneraciones a funcionarios y una mayor fiscalización.
El planteamiento implica que se reduzcan los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), que el gobierno califica como «privilegios», así como de tribunales y órganos electorales.
Además, se fijará un tope de entre siete y 15 regidores por municipio, y también a nivel presupuestal en los congresos locales. Recursos que serán destinados para obras públicas.
En el caso de las autoridades electorales, se plantea que no ganen más que la presidenta y se reducirá el gasto del Senado de manera progresiva hasta llegar a un 15%. Además de que se eliminarán los bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
Otro planteamiento en esta iniciativa legislativa es que la revocación de mandato se lleve a cabo en 2027 o en 2028.
La elección judicial, sin embargo, se mantuvo para 2027, de manera concurrente con los comicios generales.
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