Es parte de la reforma a la Ley de Movilidad que se aprobará en estos días.
Las licencias serían estatales pero el cobro lo harán los municipios.
Sin embargo, los recursos se van a etiquetar y el Imoveqroo se quedaría con el 20%.
Podría abrir la puerta a un conflicto legal entre Estado y municipios, y poner en máxima tensión política a Mara con los alcaldes y alcaldesas.
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(La Opinión)
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La reforma a la Ley de Movilidad que el Congreso estatal analiza, incluye un artículo que podría generar un conflicto entre los Estados y los Ayuntamientos.
Se trata de una reforma al inciso XXX del artículo 25 de la mencionada ley, mediante el cual se le otorga al Instituto de Movilidad del estado la facultad de expedir las licencias de conducir de uso particular.
en la ley actual, ese inciso dice que, en coordinación con Seguridad Pública, el Instituto puede otorgar “las licencias para conducir de tipo servicio público”, excepto las de transporte urbano.
Como se puede ver en la fotografía de abajo, ahora se propone que el Imoveqroo otorgue “licencias para conducir de uso particular, así como las de servicio público o privado de transporte, en todas sus modalidades”.
Luego, en el segundo artículo transitorio de la ley, se dice que el Imoveqroo tendrá un plazo máximo de un año para expedir las licencias en todas su modalidades, y mientras tanto el procedimiento seguirá en manos de ayuntamientos.
El plan detrás de esto es que los cobros los seguirá haciendo cada ayuntamiento, pero bajo una plataforma estatal.
Pero el problema tiene que ver con el reparto de los recursos.
Hoy, ese dinero queda todo para los municipios.
Pero el proyecto ahora habla de 20% de los recursos para Imoveqroo, 30% etiquetado para obras de movilidad en los municipios, y 50% de libre disposición para los municipios.
En los municipios ya analizan la posibilidad de amparos y hasta controversias, lo que podría poner a los alcaldes y alcaldesas en máxima tensión con la gobernadora Mara Lezama.
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