La empresa quiere explotaciones mineras en una zona de conservación en Solidaridad
Grupos ambientalistas se niegan; el Congreso del estado también
Pero el poder económico de la empresa todo lo puede
Alguien que se ostenta como «muy cercano» al gobierno estatal es uno de los principales lobbystas a favor de Calica
Hugo Martoccia
La alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, se enfrenta a una de esas disyuntivas que suelen marcar a fuego una administración. Debe decidir si apoya un pedido de la empresa Calica para extender sus explotaciones de material pétreo hacia un terreno de Solidaridad, que hoy está protegido como un área de conservación.
No es fácil lo que le espera a la alcaldesa. La empresa sabe hacer lobby en el estado. Y en su propio entorno un nombre ligado al mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín, hace fuerza a favor de la empresa.
Alrededor de ese entorno político está el ambiental, que no es menor. Todos los grupos ambientalistas en el estado han puesto el grito en el cielo: Calica ya ha hecho demasiado daño, dicen a coro.
Hasta el Congreso del estado votó un punto de acuerdo a favor de que no se apruebe esa petición de Calica, que iría incluida en la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Solidaridad, que ya está en marcha. Y ese punto de acuerdo fue impulsado por diputados de la coalición que respalda a la alcaldesa de Solidaridad.
Una duda ha surgido en el tema. ¿El Congreso generó ese punto de acuerdo para frenar a Cristina Torres? ¿O la alcaldesa dejó que eso sucediera para frenar a quienes la pudieran estar presionando, incluso entre sus propios aliados?
Como sea, no es mucho el espacio político que le queda a Cristina Torres. Luego de sus enormes yerros en Seguridad Pública, la alcaldesa no tiene chance de un nuevo error. El caso Calica será un poco de aire político, o el camino a una declinación inevitable.
EL PEDIDO DE CALICA
Calizas Industriales del Carmen (Calica) filial de Vulcans Materials Company, de Estados Unidos, explota desde mediados de los 80 el predio denominado La Rosita, ubicado en la parte continental del municipio de Cozumel.
La empresa extrae alrededor de 6 millones de toneladas anuales de material pétreo de tipo calcáreo y agregados para la construcción. Alrededor del 85 por ciento del producto se exporta a Estados Unidos.
Calica tiene una autorización de impacto ambiental que data del año 2000, de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por los predios aledaños de El Corchalito y La Adelita, para poder seguir con su explotación.
Lo que sucede es que el mundo cambió en estos últimos años. Apareció el cuidado ambiental, y los instrumentos legales que lo regulan. Uno de ellos es el POEL. En Solidaridad, el primer POEL se publicó en 2009 (antes se regía por el POEL de corredor Cancún- Tulum) y allí se decretó que el predio La Adelita tendría una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 5 que es incompatible para explotaciones mineras e industriales, e incluso para actividades turísticas.
Ese predio está en el municipio de Solidaridad, a un lado de la parte continental de Cozumel en donde está la explotación de la empresa.
Calica dice que ya tiene una autorización, y que se la deben respetar. Por eso pide que en el nuevo POEL ese predio vuelva a permitir la explotación que ellos hacen. Los que se oponen dicen que no, que su pedido vulnera el interés público por el cuidado del ambiente y que no vale lo aprobado anteriormente.
LA SITUACIÓN ACTUAL
El proceso de actualización del POEL inició en octubre de 2014. Han habido 7 reuniones del comité técnico y 4 talleres sectoriales. Desde la segunda sesión, del 21 noviembre de 2014, Calica presentó su propuesta.
Ya se han aprobado las etapas de caracterización y diagnóstico, restan ahora el pronóstico y propuesta. Se debe validar la metodología que se aplicará a los mapas de conflicto de la etapa de diagnóstico. Esos mapas de conflicto no ayudan a Calica, porque consideran «muy alto» el nivel de conflicto de su explotación con aspectos ambientales y turísticos.
EL TRASFONDO
«Los intereses pasan por el producto del asfalto», explica alguien que conoce ese entorno. Y ahí comienzan a tener peso nombres propios cercanos al poder estatal. Se trata de temas complejos para saber hasta dónde llegan sus ramificaciones. Pero los datos concretos hablan de enormes cantidades de productos que generan grandes negocios.
La alcaldesa Cristina Torres está en medio de esa disyuntiva. Si bien el Comité Técnico del POEL no depende de ella, es el municipio el que contrata la consultora. Y además, si alguien del estado tiene interés en apoyar a la empresa, la presión sería difícil de sostener.
Hay un dato a tener en cuenta. Calica tiene la suficiente dosis de razón en el caso (por la autorización con la cual ya cuenta) como para justificar cualquier decisión que se tome. O sea, se podría decidir darle la razón y justificarlo diciendo que tiene un derecho adquirido.
Así, muchos pueden salir ganando en este tema. Menos Cristina Torres, que difícilmente encuentre una salida política decorosa si la empresa extiende sus explotaciones.
