En 2011, la Apiqroo firmó con Ultramar un contrato ilegal que le otorgó primacía en el uso de muelle San Miguel de Cozumel
A cambio del uso de esa terminal para la prestación de sus servicios, pagaría 5.5 millones de pesos al año
Y logró algunas cláusulas a su favor insólitas: por ejemplo, por cada día que no se lo dejara atracar, el Gobierno debería pagarle 1 millón de pesos como multa
El contrato siguió vigente en la actual administración
Incluso, Apiqroo permitió que un barco fuera de la norma operara para Ultramar
La Dirección General de Puerto ya decretó que el contrato no es válido, ordenó el retiro de la embarcación, y advirtió con sanciones administrativas
Alicia Ricalde, titular de la Apiqroo, dice que ellos no son autoridad para haber desconocido ese contrato, pero aclara que ahora está en condiciones de litigar contra la empresa
Hugo Martoccia
Una parte del peso monopólico de la empresa Ultramar se gestó por medio de un contrato ilegal firmado ya hace seis años.
El 22 de marzo de 2011, el entonces titular de Apiqroo, Javier Zetina González (años más tarde Auditor del Estado) firmó con la empresa Naviera Magna SA de CV (Ultramar) un contrato con una validez de 10 años (iniciando el 1 de abril) mediante el cual le permitía la prestación de sus servicios en el muelle San Miguel de Cozumel.
Sin embargo, se incluyó de manera irregular una cláusula, según la cual se le daba a Ultramar de manera permanente dos posiciones en el muelle, algo que la Ley de Puertos prohíbe, y se le permitía una tarifa que es mucho menor a la que pagan otras empresas.
El contrato incluía una contraprestación única de 5.5 millones de pesos más IVA, que se pagarían en cuotas de 555 mil pesos más IVA de enero a agosto, y de 277 mil 500 pesos más IVA de septiembre a diciembre 277500.
Esa contraprestación se incrementaría cada año según el aumento del pasaje.
El contrato incluye, sin embargo, algunas cláusulas a favor de Ultramar. Por ejemplo, si se le daba el uso del muelle a otra empresa, a Ultramar se le debía descontar un 5 por ciento de su pago, e incluso se le daba la opción de pedir un descuento mayor, para enfrentar la competencia.
Pero lo que más llama atención es la calcula Decimosegunda, en la cual se establece una multa millonaria a la Apiqroo si no permite el atraque de una embarcación.
Dice la cláusula:
“Pena Convencional. Las partes convienen que en el evento de que La Apiqroo niegue o impida sin causa justificada el atraque a cualquiera de las embarcaciones designadas por la Operadora para operar en el muelle de acuerdo a lo convenido en la cláusula primera, generará una pena con cargo a la Apiqroo equivalente a la cantidad de 1.000.000 (un millón de pesos) por cada ocasión en que la embarcación de la operadora no pueda atracar en el muelle”.
ULTRAMAR, MONOPOLIO Y VENTAJAS
Ese contrato ilegal fue el encargado de regir la relación entre la empresa y el Gobierno durante todos estos años, otorgándole a la empresa dos ventajas competitivas sobre las otras empresas: el pago que realiza es mínimo, y además el uso exclusivo de dos posiciones del muelle, algo que viola Ley de Puertos, que dice que el uso debe ser “por riguroso orden y turno de servicio”.
Pero el caso tomó nuevos aires ya en la actual administración estatal.
El 8 de noviembre de 2016, Ultramar le envió un oficio a la Apiqroo diciendo que iba a sustituir la embarcación Ultramar I por la Ultramar, de 48 metros de eslora y capacidad de 800 pasajeros.
El problema es que las Reglas de Operación del muelle sólo permiten embarcaciones de 43 metros de eslora.
Aún así, el 23 de noviembre Apiqroo le ordenó a la empresa Waterjets que abandone la posición 2 del muelle, porque Ultramar traería una embarcación más grande. Para ese entonces, según la denuncia, Ultramar ya utilizaba las posiciones 7 y 8 de manera constante.
El 29 de diciembre la Apiqroo confirmó la orden que la había dado a Waterjets, lo cual aparece en una minuta de una reunión entre las partes.
Esa es una de las pruebas que demuestran que la paraestatal aceptó tanto el contrato con Ultramar como las ventajas competitivas que le dieron ilegalmente a la empresa.
Por ese motivo, el 11 de enero de este año Waterjets presentó una queja administrativa ante la Dirección General de Puertos contra Apiqroo, por su actuar irregular a favor de Ultramar.
APIQROO, ¿CÓMPLICE ANTES Y AHORA?
El 31 de enero la Dirección General de Puertos inició la investigación, y se encontró con muchas irregularidades.
Por ejemplo, confirmó que le daban exclusividad en el uso de muelles a Ultramar, lo que hace que tenga una posición privilegiada sobre los demás.
También, determinó que Apiqroo “viola las Reglas de Operación de la terminal en virtud de que permite el ingreso y atraque de embarcaciones que rebasan o exceden los límites establecidos”.
Y acusa directamente a Apiqroo de “preferir un trato especial y exclusividad con la empresa Ultramar, no obstante que esta determinación es ilegal e irregular”.
La paraestatal sólo se defendió diciendo que Waterjets carecía de interés jurídico para presentar la queja.
El pasado 6 de julio, la Dirección General de Puertos emitió su resolución.
Dice que: “Desconoce la existencia, registro o validez del contrato de exclusividad celebrado entre Apiqroo y Ultramar el día 22 de marzo de 2011, precisando y aclarando que este jamás ha surgido a la vida pública, al nunca haber sido registrado ante la Dirección General de Puertos”
Y aclara:
“En tal virtud se le apercibe a la Apiqroo y a la tercero interesada (Ultramar) que en caso de pretender continuar con las supuestas obligaciones contraídas en dicho instrumento ilegal, o de hacer caso omiso a la presente resolución, se procederá a iniciar el proceso administrativo correspondiente aplicable en su contra”
LA DEFENSA DE APIQROO
La actual directora de Apiqroo, Alicia Ricalde, dijo a La Opinión que ahora que la Dirección General de Puertos determinó que el contrato firmado entre Apiqroo y Ultramar hace seis años no tiene validez legal, ellos están condiciones de litigar con la empresa.
Dijo que eso no era posible antes, porque había un contrato firmado, y la Apiqroo no es autoridad para determinar su validez.
Una vez que la Dirección de Puertos aclara que el contrato nunca fue inscripto, y por lo tanto no existe, lo allí pactado carece de validez y permite que Apiqroo actúe contra Ultramar.
Con respecto al atraque de una embarcación mayor a la permitida, Alicia Ricalde dijo que ya se le negó el atraque.
