La iniciativa presentada por el PRI dice que pasar la gubernatura de 5 a 6 años tiene como objetivo que la próxima “gobernadora o gobernador” pueda manejar mejor la crisis por la pandemia.
Dice que así “tendrá un mayor plazo para implementar las acciones que considere necesarias para la recuperación del estado”.
Y además, pide que haya “continuidad” del próximo gobierno con el actual; una verdadera pesadilla política.
El documento contiene errores básicos de redacción, como proponer una gubernatura inconstitucional de 8 años.
.
(La Opinión)
.
La propuesta del PRI de aumentar el período de la próxima gubernatura a 6 años ya ha generado polémica.
Una no menor es que toda la argumentación de la iniciativa es que de esa manera, y lo dice textualmente, “la persona que desempeñe el cargo de Gobernadora o Gobernador en la próxima gestión, tendrá un mayor plazo para implementar las acciones que considere necesarias para la recuperación del estado”.
Según el argumento del PRI, la próxima gubernatura, que es de 5 años según la ley actual, no sería suficiente para salir de la pandemia, y se necesita una de 6. Así como se lee.
Actualmente, la gubernatura seria de septiembre de 2022 a septiembre de 2027. Para el PRI, cambiarla a septiembre de 2028 sería determinante para salir totalmente de la pandemia.
Pero hay otras perlas en la inactiva, como el hecho de que pide “no sólo de dar continuidad a lo ya establecido, sino de implementar las que resulten necesarias para afrontar un escenario probablemente incierto”.
O sea, directamente pide que el próximo Gobierno le dé continuidad a lo que haga el actual. Una verdadera pesadilla política.
Textualmente, dice la iniciativa (Ver fotografías abajo):
“Dado que no se cuenta con una fecha cierta en la que se pueda considerar como terminada la pandemia, y en razón de que dicha titularidad será renovada en el próximo año, es que se estima necesario que la siguiente persona a cargo de la administración pública estatal, tenga las mejores condiciones para llevar a cabo la planeación y ejecución de las acciones, así como las políticas públicas que se requieran, con el objetivo no sólo de dar continuidad a lo ya establecido, sino de implementar las que resulten necesarias para afrontar un escenario probablemente incierto ante la contingencia que atrevida todo el mundo”.
“Lo anterior, ya que con dicha modificación, se garantiza que la persona que desempeñe el cargo de Gobernadora o Gobernador en la próxima gestión, tendrá un mayor plazo para implementar las acciones que considere necesarias para la recuperación del estado”.
Al final del documento, cuando propone los transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, se habla de que luego habría una gubernatura de 2 años, de 2028 a 2030, pero ahí aparece la última perla, dice:
“La duración del cargo de Gobernador a elegirse en el año 2028 será de dos años, y comprenderá del 25 de septiembre de 2022 al 24 de septiembre del año 2030”.
Hay un claro error de redacción, porque si se toma al pie de la letra, sería una gubernatura de 8 años, algo inconstitucional.
Lo que parece evidente en ese texto, es que fue escrito con demasiada premura y sin muchos miramientos.
Un cambio constitucional de la magnitud planteada, merece un mayor cuidado.
.
