El Cabildo de Benito Juárez aprobó un acuerdo que busca quitarle legalidad a ese contrato que se hizo en la época de Roberto Borge, en 2014.
Atacan el camino legal para solución de controversias y la inexistencia del “régimen exorbitante”, que prioriza la prestación del servicio público, entre otras cosas.
El Consejo Directivo de CAPA le pidió a Isla Mujeres y Puerto Morelos que se sumen a las “acciones legales”.
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(La Opinión)
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La decisión del Ayuntamiento de Benito Juárez de iniciar un procedimiento legal contra la empresa Aguakan busca declarar la invalidez legal de la prórroga anticipada que se dio a la concesión en el año 2014, por diversas disposiciones que van en contra de la ley y de las atribuciones del municipio.
Eso surge del acta de Cabildo que aprobó el municipio por unanimidad el pasado lunes, cuyos aspectos centrales puede verse en las fotografías de abajo.
La sesión hace referencia directa a los dos hechos que buscará impugnar.
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Primero, la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), realizada el 12 de noviembre de 2014, en donde se aprobó terminar anticipadamente el contrato de concesión de Aguakan, que culminaba en 2023, y prorrogarlo por 30 años, hasta 2053.
Segundo, la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Carácter Privada del Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, del 8 de diciembre de 2014, en la cual se ratificó, en lo concerniente a la entidad, los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de CAPA. O sea, prorrogar la concesión.
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La decisión de seguir esa ruta legal se tomó en el mismo Consejo Directivo de CAPA, en una sesión extraordinaria el pasado 4 de julio, en donde se acordó “otorgar la anuencia para el análisis y despliegue legal respecto los acuerdos emitidos” en los dos puntos marcados anteriormente.
En uno de esos mismos puntos , el Consejo Directivo CAPA decidió que los tres municipios que tiene la concesión de Aguakan deben involucrarse en la batalla legal; estos son Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. no se incluyó a Solidaridad, que tiene obligación legal de retirar la concesión.
Textualmente, las dos acuerdos que se tomaron en CAPA son los siguientes (Ver fotografía abajo):
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“Los integrantes del Consejo Directivo de la CAPA, aprueban por unanimidad de votos otorgar la anuencia para el análisis y despliegue legal respecto los acuerdos emitidos en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo de fecha 12 de noviembre de 2014, instruyendo al Director General, apegarse estrictamente a los términos y condiciones establecidos en la Concesión otorgada y demás normatividad aplicable relativo a dicho análisis y despliegue legal que se efectúe en su caso, a fin de que toda acción que determine realizar esté jurídica y normativamente sustentada y con el correspondiente soporte documental, con el fin de evitar una afectación al patrimonio de este Organismo Descentralizado o del Gobierno del Estado de Quintana Roo”
“Los integrantes de este Consejo Directivo de la CAPA, aprueban por unanimidad de votos que el Director General solicite a los H. Ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, previo los trámites administrativos legales, se sumen al despliegue de las Acciones Legales que al efecto correspondan en relación al contenido de los acuerdos emitidos” (…)
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El objetivo final es “de manera enunciativa más no limitativa” (…) la suspensión, revocación o rescate del servicio público concesionado, en aras de salvaguardar el interés público de la colectividad”.
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CONTRAVENCIONES Y VICIOS DE ORIGEN
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Como dijo el regidor Jorge Sanen, lo que se busca es detectar los vicios de origen que harían inválida esa prórroga de la concesión.
Por ejemplo, el hecho de que se estableció un sistema de arbitraje para la resolución de controversias y la existencia de un Comité de Expertos para resolver desacuerdos de naturaleza técnica o económica.
Según estableció la Coordinación Jurídica de CAPA está decisiones que se tomaron en el nuevo contrato, no son legales. Dice el acuerdo:
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“Evidencian posibles contravenciones a múltiples disposiciones legales que rigen al sector público en cuanto a la prestación del servicio público se refiere, mismo que, inclusive, esta tutelado a nivel constitucional con el objeto de salvaguardar el interés social.
En efecto, las modificaciones aprobadas (…) el 12 de noviembre de 2014, transgreden la normativa que regula la prestación del servicio público”.
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Entre esas transgresiones están:
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“Incompatibilidad entre la naturaleza de la concesión (administrativa) y los procedimientos establecidos para la solución de controversias (mercantil); puesto que, de conformidad con el Código de Comercio, la concesión no constituye acto de comercio alguno; por ende, la concesionaria no es titular de una acción que pueda ejercer, de ser el supuesto, en la vía mercantil” .
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Y también apunta a la prioridad que tiene la prestación del servicio público por sobre cualquier otra cosa.
Dice el documento:
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“Inexistencia del régimen exorbitante en comparación con el derecho privado, encaminado a garantizar al Estado mejores condiciones, acorde a la normativa aplicable; bajo el enfoque de que el concesionario se subroga en los derechos y obligaciones que tenga el órgano operador Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) con los usuarios”.
“Si bien la prestación del servicio público es una potestad del Estado, el propio numeral 28, en relación con el 115 de la Constitución General, contemplan la posibilidad de concesionarlo; supuesto en el cual se observará lo previsto en el arábigo 134 de la Constitución Federal, que da fundamento a la actividad contractual del Estado, regida por distintos principios, entre ellos, el de interés público, mediante el cual se busca asegurar las mejores condiciones de contratación para aquél, que permite la subordinación del interés privado, siendo fuente de determinada asimetría contractual, no observable en el derecho común, que es sustento de figuras suspensivas o incluso extintivas de las concesiones a favor del Estado”.
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En el acuerdo de Cabildo también se hace mención al resultado de la consulta pública del 5 de junio de 2022, en la cual los ciudadanos de los tres municipios citados decidieron que se le debe retirar la concesión a la empresa.
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