La Justicia Federal determinó que Uber no es un servicio público, y por lo tanto no requiere concesión.
Los Sindicatos de taxistas quieren hacer valer su alianza política con la 4T, para impedir el ingreso de la plataforma digital, y amenazan con cortes de calles y manifestaciones.
Semanas atrás, MORENA en el Congreso presentó una reforma a esa ley que era totalmente anti UBER; no sólo le exigía concesión sino también que pagará un 2% de cada viaje que se realice.
Ahora deberán hacer otro tipo de reforma.
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(La Opinión)
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El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que las aplicaciones digitales que prestan servicio de trasporte no son servicios públicos, y por lo tanto no requieren concesión parar operar. El fallo abre la puerta para la operación legal de UBER en Quintana Roo.
Justamente, la decisión de los magistrados tuvo que ver con la resolución del amparo 334/2019, presentado por la plataforma UBER en contra de la Ley de Movilidad del estado, porque estas legislación considera que esas plataformas prestan servicios públicos, y se les exige concesión.
Sin embargo, y en consonancia con lo que ya ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Colegiado determinaron que UBER no puede ser tomada como servicio público.
Además, consideraron que la operación de UBER no afecta a quienes prestan el servicio de transporte público, y por otra parte es una nueva oferta a la movilidad de los usuarios.
En la sentencia, se reconoció que el Estado puede regular estas plataformas digitales mediante algún tipo de autorización, por lo que deberá adecuarse la ley a esa nueva situación.
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IMPACTO SOCIAL Y POLÍTICO
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Esta decisión de la Justicia Federal se convertirá en el primer gran conflicto social y político que enfrentará la gobernadora Mara Lezama.
Por un lado, los diversos Sindicatos de taxistas del estado, principalmente en Cancún, ya se pusieron en pie de lucha, y anunciaron que en breve darán a conocer su estrategia para evitar el ingreso de UBER y otras plataformas.
Hablan de marchas, manifestaciones, bloqueos y presión a los operadores y usuarios de UBER. O sea, una estrategia al borde del caos social.
La postura de los Sindicatos tiene un costado políticos: quieren hacer valer su alianza política con la 4T, que se fortaleció en la campaña electoral, cuando mostraron su adhesión al Verde Ecologista y a la candidatura de Mara.
Por otra parte, sin embargo, una abrumadora mayoría de la sociedad quiere la operación de UBER y está descontenta con el servicio de taxis. Lo cual pone a la gobernadora entre dos fuegos.
Por ahora, UBER podría operar con el amparo que ganó, pero ciertamente las condiciones no serán las mejores, y podría haber conflictos.
Por eso, se espera que la estrategia del Estado sea estirar lo más posible cualquier decisión para regularizar UBER, porque el fin y al cabo la operación depende de una reforma a la Ley de Movilidad.
Y las primeras señales en ese sentido no son buenas.
Semanas atrás, MORENA en el Congreso presentó una reforma a la Ley de Movilidad (ver abajo) que es totalmente anti UBER; no sólo le exige concesión sino también que la empresa pague un 2% de cada viaje que realice.
Desde UBER, por su parte, emitieron un comunicado felicitando la decisión de la Justicia.
“Invitamos a las y los cancunenses, así como a los visitantes y turistas en el estado, a utilizar la aplicación de Uber, que ofrece opciones accesibles y confiables de movilidad al toque de un botón”, dice el comunicado.
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MORENA no permitirá el libre ingreso de UBER, y además se le cobrará 2% por cada viaje (documento)
