Es por la reforma al Código Civil propuesta por diputados de MORENA, PT y PVEM, que impedirá que se publiquen actos de corrupción realizados en lugares privados.
La iniciativa ha generado un repudio de toda la prensa estatal, pero un silencio absoluto por parte de la política y el Gobierno.
Los abogados piden que se analice más a fondo.
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(La Opinión)
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La Barra de Abogados de Quintana Roo emitió un comunicado en el cual consideró “ambiguo” y potencialmente inhibidor del trabajo periodístico el texto de la reforma al Código Civil del estado propuesta por diputados de MORENA, PT y PVEM para regular el uso de “imagen pública” de las personas.
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“Los términos tal como se redactaron quedan muy ambiguos, sujetos a la interpretación judicial que se realice a cada caso concreto, lo cual podría generar un efecto inhibidor en la prensa y utilizarse en litigios contra periodistas”, dijo ese organismo por medio de un comunicado. (Ver abajo)
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Particularmente apuntaron a la redacción de la fracción I del articulo 551 Septies que incorpora excepciones para la reproducción de la imagen pública cuando se trate de “personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público que sean de interés público”.
Como está redactado ese artículo, el hecho de que la imagen se capte en un acto público es una condición fundamental. Eso significa que no se podrán utilizar nunca imágenes privadas, aunque, por ejemplo, impliquen actos de corrupción o delitos de cualquier índole.
Si alguien publica una imagen de eso (en el sentido amplio de imagen, que incluye hasta el nombre) se le obligará a bajar la publicación e incluso se le puede ordenar “reparar el daño” contra el funcionario, según lo establece el artículo 551 Sexties.
Si bien los abogados consideraron que el derecho a la propia imagen forma parte de los denominados derechos de la personalidad, “ampliamente reconocidos en el derecho comparado”, y que puede ser una reforma positiva, aclararon que siempre debe hacerse bajo el principio de “la protección del debate público y del ejercicio periodístico cuando se trate de asuntos de interés social, especialmente cuando estén involucrados servidores públicos o temas de relevancia pública”.
Por lo tanto la Barra de Abogados hizo un llamado “a que el análisis legislativo de esta iniciativa en el congreso del Estado se realice con apertura, rigor técnico y respeto al equilibrio entre derechos fundamentales”.
A pesar de lo escandaloso del texto, que va contra derechos fundamentales de la democracia, desde la política en su conjunto, y los gobiernos Estatal y municipales, no ha habido una sola postura en contra de la reforma.
Los autores de la iniciativa son los diputados Hugo Alday, del PT; Ricardo Velazco, de MORENA, y María José Osorio, del Verde.
En las dos últimas fotografías de abajo se puede ver el texto completo de la reforma.
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