LOS GUARDIANES DE LA CORRUPCIÓN DE CARLOS JOAQUÍN | Fiscalía, Auditoría, TJA y Anticorrupción conforman el “paquete de impunidad”

LOS GUARDIANES DE LA CORRUPCIÓN DE CARLOS JOAQUÍN | Fiscalía, Auditoría, TJA y Anticorrupción conforman el “paquete de impunidad”

El ex gobernador Carlos Joaquín dejó un bloque de funcionarios en puestos institucionales clave.

Eso le permite frenar cualquier avance de las causas por corrupción en su contra.

Son el Fiscal Oscar Montes de Oca y el Auditor Manuel Herrera Palacios.

Además de la Fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo, y el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Antonio Villalobos. 

No habrá verdadera 4T en Quintana Roo mientras el neojoaquinismo residual tenga semejante poder.

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(La Opinión) 

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El ex gobernador Carlos Joaquín dejó un sólido bloque de funcionarios en puestos institucionales clave, que le permiten frenar cualquier avance de las causas por corrupción en su contra y le garantizan tranquilidad y control político en áreas importantes del estado. 
Se trata del Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca; el titular de la Auditoría Superior del estado (Aseqroo) Manuel Herrera Palacios; la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, y el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TUA), Jesús Antonio Villalobos. 
Ellos conforman el bloque más fuerte del “neojoaquinismo residual” (aunque no el único) que aún tiene mucho poder en el actual gobierno de Mara Lezama. 
Tener esos aliados no es un dato menor para Carlos Joaquín, en momentos en que se deben cerrar los procesos de Entrega Recepción del Gobierno Estatal. 
Tapar la monumental deuda a proveedores de 7159 millones de pesos, de muy dudosa procedencia, así como las obras mal realizadas (o nunca realizadas) con el crédito de 820 millones de pesos que solicitó el ex gobernador, son dos ejemplos claros de qué tan importante es tener a esos funcionarios cuidándole las espaldas. 
Más aún en momentos en que diversas investigaciones periodísticas empiezan a encontrar decenas de empresas fantasmas que cobraron millones por servicios nunca prestados, o la ya inminente investigación por diversos despojos de tierras en los que están involucradas figuras muy cercanas al ex gobernador. 
Pero mientras tenga sus propios funcionarios, nada va a pasarle a Carlos Joaquín. 
La Auditoría nunca va a revisar sus cuentas; las causas penales en su contra van a frenarse en la Fiscalía General y en la de Anticorrupción, y todo lo demás morirá en el Tribunal de Justicia Administrativa, que maneja su ex consejero jurídico. 

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AÑOS DE IMPUNIDAD 

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Y lo más importante es que, a menos que Mara Lezama decida cambios en esas áreas, la protección a Carlos Joaquín durará muchos años. 
Por ejemplo, el periodo legal del Fiscal Óscar Montes de Oca se vence en diciembre de 2027. O sea, tres meses más tarde de que Mara deje de ser gobernadora.
La Fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva culmina su periodo en septiembre de 2024. 
Y lo mismo sucede con el Auditor Manuel Herrera Palacios.
Debe decirse que todos llegaron a esos puestos de la mano de Carlos Joaquín. 
Al Fiscal lo trajo desde la Ciudad de México en 2018 (hasta se reformó la Constitución para que pudiera ocupar el cargo) la Auditoría Anticorrupción se creó específicamente durante el sexenio pasado, y al Auditor lo cambió a los pocos meses de iniciar su gobierno; hizo renunciar al que había dejado Roberto Borge como parte de su “paquete de impunidad” y nombró a uno propio. 
Hoy, el Auditor es el principal encargado de perseguir a los enemigos políticos de Carlos Joaquín. De ahí se derivan los procesos contra los ex alcaldes Laura Beristain y Juan Carrillo. 
El caso del Tribunal de Justicia Administrativa es grave. 
En febrero de este año se nombró como presidente de ese Tribunal a Jesús Antonio Villalobos, que hasta días antes había sido Consejero Jurídico del gobernador. O sea, ni siquiera se cuidaron las formas.
Villalobos estará en ese cargo hasta febrero de 2025, cuidando que nada toque a su ex jefe. 
En ese combo también se puede sumar a la ex titular de Sefiplan, la diputada Yohanet Torres, y al también ex titular de Sefiplan, Ricardo Sánchez Hau, que aún tiene un puesto clave en el manejo de los recursos del Estado. 
Como se ve, un verdadero «Paquete de Impunidad» con varios años de vigencia.
Por supuesto, la causa principal de todo esto es el inexplicable acuerdo político que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho con Carlos Joaquín. 
Hasta ahora, parece que el pacto incluye sacar a Carlos Joaquín del estado, con la Embajada de Canadá, pero mantenerle varias de sus posiciones políticas para que le cuiden las espaldas. 
La mala noticia, es que no habrá verdadera 4T en Quintana Roo mientras el neojoaquinismo residual tenga semejante poder.