Su situación jurídica se resolverá el 25 de agosto.
(La Opinión) (AGENCIA SIM)
Cancún.- El ex delegado de Diconsa, Mario Castro Basto, deberá vivir su el inicio de proceso tras las rejas, al dictaminarle un juez prisión preventiva provisional, además de embargarle bienes, durante su audiencia inicial de formulación.
El ex funcionario fue detenido ayer en Mérida, acusado de peculado en Quintana Roo, por su rol en el Consejo Directivo de Vip Saesa.
Hoy se llevó a cabo su primera audiencia tras el cumplimiento de su orden de aprehensión, en los Juzgados Penales Orales, donde su defensa solicitó duplicar el término constitucional para resolverse si se le vincula a proceso.
Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado, prisión preventiva justificada y embargo de bienes, generó un debate de cerca de una hora, tras la cual el juez aceptó los argumentos de la Fiscalía e impuso las medias solicitadas.
Los bienes asegurados son una camioneta, cuatro remolques, un automóvil de marca Ford Fusion y una casa.
Boletín de la FGE:
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN FORMULA IMPUTACIÓN POR DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONTRA MARIO “N”
Chetumal, Quintana Roo; 20 de agosto de 2018. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa que, fiscales adscritos a esta fiscalía especializada realizaron la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control del distrito judicial de Chetumal celebrada esta tarde, en contra de Mario “N” derivado de la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de Desempeño irregular de la función pública.
Mario “N”, a través de su defensa solicitó al juez de control la ampliación de término constitucional del que tiene derecho, motivo por el cual se señaló que a las 10:00 horas del día 25 de agosto de 2018, se reanude la audiencia a efecto de que la autoridad jurisdiccional emita la resolución correspondiente respecto a la acusación realizada por la Fiscalía Especializada.
Los fiscales adscritos, solicitaron como medidas cautelares, la prisión preventiva justificada, toda vez que no existe arraigo y existe un riesgo de fuga, así como embargo de un bien inmueble ubicado en el municipio de Othón P. Banco y 6 vehículos.
El juez de control aceptó todas las medidas cautelares de los fiscales de anticorrupción, incluyendo la prisión preventiva justificada de manera provisional en lo que se resuelve su situación jurídica el día 25 de agosto.
contexto:
