Niegan amparo contra aseguramiento de 25 terrenos vendidos durante el borgismo
Incluye los que compró la propia madre del ex mandatario
El precio de los terrenos es de alrededor de 5 mil MDP, pero el IPAE los vendió a un 6 % de ese valor
El Juez consideró que el aseguramiento está correctamente fundado, porque las pruebas marcan que las ventas fueron irregulares
Las tierras se vendieron con cláusulas de confidencialidad, que están prohibidas en las transacciones inmobiliarias
(La Opinión)
El Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo negó el amparo que se promovió contra el aseguramiento de 25 terrenos vendidos irregularmente por el Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE) durante la gestión de Roberto Borge.
Los terrenos en cuestión, que fueron vendidos por el IPAE a personas cercanas a Roberto Borge, entre ellos su propia madre, Yolanda Angulo, fueron asegurados en febrero del año pasado por la PGR, con el objetivo de frenar esas ventas irregulares.
Los inmuebles son parte de las investigaciones que realiza la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el mandato de Borge.
La razón que tuvo el Juez Cuarto de Distrito para negar el amparo es que consideró que el aseguramiento de los mencionados bienes está correctamente fundado, porque las pruebas indican que en el momento en el que se vendieron esos terrenos no se cumplió con lo que establecía la Ley de Patrimonio del Estado.
Entre esas pruebas se incluye la que muestra que los terrenos fueron vendidos a valores mucho menores que los comerciales, y además se constató que las autoridades no verificaron la procedencia de los recursos.
Además, en todos los casos, se realizaron contratos con cláusulas de confidencialidad, las cuales están prohibidas en las transacciones inmobiliarias, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Desde febrero de 2017, cuando aseguró los inmuebles, la SEIDO emitió un comunicado en el cual destacaba que según su investigación “se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron, aproximadamente, al 6 por ciento de su valor comercial”.
“Por ello, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la PGR decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los 5 mil millones de pesos”, informó la dependencia.
