“No es ningún perdón a Aguakan; es un ultimátum”: Cristina
Dijo que le empresa debe demostrar a los ciudadanos que puede mejorar su trabajo
Se les da el plazo de un mes
Y luego habrá una consulta pública
(La Opinión)
La Presidente municipal de Solidaridad, Cristina Torres, dijo que no existe un acuerdo para frenar el juicio contra la concesionaria Aguakan, sino que se les dará un mes de plazo para que demuestre que pueden brindar el servicio de manera correcta.
“No es ningún perdón a Aguakan, al contrario, es un ultimátum”, dijo la alcaldesa.
“No se ha desestimado ninguna acción legal. No se le ha perdonado la vida a Aguakan, al contrario, se los está poniendo contra la pared para que le respondan a la ciudadanía”, agregó.
Las palabras de Cristina Torres tienen que ver con el anuncio que realizó en las últimas horas Aguakan. La concesionaria se comprometió a invertir 800 millones de pesos en tres años, y abrir oficinas móviles y mesas de diálogo para escuchar los reclamos ciudadanos en Solidaridad.
La postura de la empresa se dio luego del anuncio que había realizado Cristina Torres, de que iniciaría el juicio para revocar la concesión de Aguakan.
La alcaldesa dijo que es bienvenida la decisión que tomó Aguakan de acercarse a los ciudadanos y acelerar sus obras e inversiones, pero que eso no implica que el proceso en su contra esté cancelado.
“No se tomó más que un periodo de gracia que es un mes para que convenzan al ciudadano de que realmente van a cumplir con la concesión”, explicó.
“Me pidieron un mes para mejorar el servicio, y un mes en que estaremos llevando a Consulta Pública para que el ciudadano decida si Aguakan ha mejorado o no el servicio, y si hay causales para presentar la revocación”.
Cristina Torres, sin embargo, dejó entrever cuál es el trasfondo del asunto. Dijo que cualquier acción que se tome contra la empresa implicaría la devolución de los 1050 millones de pesos que Aguakan pagó al inicio de su concesión en Solidaridad, y que desaparecieron durante la administración de Roberto Borge.
Otro problema sería quién se haría cargo del servicio, porque se supone que CAPA no está en condiciones de hacerlo.
CAPA tiene una deuda de 560 millones de pesos que se pidió en la pasada administración estatal, y que también desapareció de las arcas públicas.
