En el Gobierno estatal ya piensan en el día después de la salida de Aguakan.
Quieren que CAPA se haga cargo del servicio, pero en acuerdo con el Gobierno Federal y las políticas para el agua de la Presidenta.
Aseguran que el servicio no pasará a otra empresa privada.
Y no descartan algún tipo de indemnización para Aguakan, algo que quedó plasmado en la última sentencia judicial.
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(La Opinión)
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La última sentencia judicial en contra de Aguakan en el Juzgado Octavo de Distrito parece haber acelerado los tiempos para el desenlace de este largo conflicto, y ya hay algunas ideas para el día después: el servicio no volverá a privatizarse y se buscará una forma de operación que incluya el apoyo y la inclusión del Gobierno Federal.
Sin entrar en triunfalismos, en el Gobierno estatal ya piensan en el día después de la salida de la empresa como concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado. Los abogados del Gobierno creen que la sentencia del Juez, que privilegió el medio ambiente y el acceso al agua como derecho humano por sobre el contrato de concesión (como lo dio a conocer La Opinión) es un paso muy firme hacia el fin del conflicto.
El combo judicial se cierra desde dos argumentos. Por un lado, lo ya explicado del medio ambiente. Por el otro, el hecho de que el Juez no le reconoce a la empresa derechos adquiridos sobre la prórroga de la concesión, que le dio Roberto Borge, entre 2024 y 2053.
Entonces, como la decisión del Congreso de derogar esa prórroga se tomó antes de que iniciara el nuevo contrato (a fines de 2023) la decisión de los diputados queda firme y Aguakan debe entregar la operación del servicio de agua.
Los abogados no creen que otro tribunal quiera torcer esa línea jurídica, que además va de la mano con las políticas sobre el agua que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante ese escenario, la gobernadora Mara Lezama ya dio las instrucciones de lo que sigue. Si finalmente Aguakan deja la concesión, la idea es que el servicio no vuelva a privatizarse.
Mara ha dicho a su equipo, y también al Gobierno federal, que su administración no va a privatizar el servicio de agua potable. La idea es que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA) se haga cargo del servicio.
Pero también la idea es fortalecer a CAPA y que desde el día 1 esté en condiciones de mejorar el pésimo servicio que presta Aguakan. Y no se trata sólo de cómo llega el agua a la casa de los ciudadanos, sino también de los serios problemas de operación en sus plantas y la contaminación que está dejando la empresa. Hay un caos no expuesto en esas áreas.
Por eso, la idea de Mara es que todas las decisiones se tomen en conjunto con el Gobierno federal, e incluso el objetivo es buscar algún tipo de operación que incluya a Conagua, para que realmente las cosas cambien.
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DINERO Y PRESIONES
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La última sentencia judicial aceleró la situación, pero también las presiones por parte de la empresa y sus aliados.
En el estado esperan una nueva andanada mediática de Aguakan por medio de sus socios, como el periódico Reforma y algunos columnistas o páginas de negocios, a donde la empresa ha llevado sus reclamos.
También hay fuertes presiones políticas (incluso de integrantes del propio Gabinete Federal vinculados con los socios de la empresa) pero en ese caso la mayor protección para el estado es la postura de Claudia Sheinbaum, quien ya dijo públicamente que lo mejor para Aguakan sería dejar la concesión.
Por otra parte, tanto en la Federación como en el estado creen que habría que pagar algún tipo de indemnización a Aguakan a su salida.
De hecho, el Juez Octavo de Distrito dejó ese tema a salvo en su sentencia.
En el juicio, la empresa se había quejado de que la querían dejar sin concesión. Pero el Juez dijo que no es así.
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“En el Decreto reclamado no se señaló que la posesión de los bienes afectos o servicios públicos concesionados, se revirtieran a favor del Estado sin indemnización alguna y con independencia de quien sea el propietario”, dice la sentencia.
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O sea, ese camino lo puede recorrer la empresa.
Si hay que pagar una indemnización, habrá que buscar algún tipo de apoyo financiero para hacerlo. Pero realmente no sería un problema: el servicio de agua potable deja el dinero suficiente para enfrentar esa situación.
Aguakan, con un servicio nefasto, ganaba cientos de millones de pesos anuales.
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FONDOS DE PENSIÓN
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El último aspecto que genera alguna preocupación es la participación de Fondos de Pensión en la empresa, algo que incluso se dilucidó en el juicio.
En el Estado ya hicieron contacto con esos Fondos y les dijeron que hay esquemas preparados para sortear cualquier inestabilidad.
Pero en el juicio, el propio Juez desestimó la petición en ese sentido que hizo Aguakan, y le dijo que “cualquier decisión sobre la titularidad de una concesión que tenga relación con el agua no debe evaluarse desde una perspectiva de mercado ni de derechos de propiedad, ni como un bien económico (…) sino como una referida a la distribución equitativa de un recurso natural”.
En síntesis, les dijo que los problemas financieros que pudiera tener Aguakan si pierde la concesión, no son un problema del estado mexicano.
Dijo el Juez:
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