El Cabildo aprobó presentar una controversia constitucional en contra de una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos.
Es porque se reflota, con otro nombre, un licencia estatal que deben tramitar los desarrolladores que ya invalidad por la SCJN cuando la quiso aplicar Carlos Joaquín.
El Síndico municipal dijo que es un pedido de los solidarenses.
Y Lili Campos acompañó: “Nos debemos al pueblo. Y estoy segura que la gobernadora diría las mismas palabras: nos debemos al pueblo y hay que trabajar siempre por el pueblo”.
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(La Opinión)
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El Cabildo de Solidaridad aprobó por mayoría de votos promover una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la promulgación por parte del Congreso de diversas reformas legales que “vulneran derechos y la esfera de competencia municipal y se convierte en una carga tributaria para el ciudadano”.
Se trata de diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley de Acciones Urbanísticas y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado, aprobadas en agosto pasado.
Lo que controvierte el Ayuntamiento de Solidaridad es que esas reformas imponen la tramitación de la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal como requisito previo al inicio de obras y acciones urbanísticas, algo que va en contra de las atribuciones municipales expresadas en el 115 constitucional.
En la sesión de Cabildo que se realizó la tarde de este jueves, el síndico Armando Pérez Vera dijo que las Cámaras Empresariales y los Colegios de Profesionistas en materia de Desarrollo Urbano, manifestaron su inconformidad al contenido de esas reformas, “al considerar que afecta negativamente a la ciudadanía en su economía al condicionar la obtención de un permiso y/o licencia con la contribución de un nuevo derecho estatal”.
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ORIGEN NEOJOAQUINISTA
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En la misma sesión se explicó que esta figura que trata de revivir el Estado ya existía desde 2018, cuando Carlos Joaquín ordenó al Congreso la creación de la Ley de Asentamientos Humanos que incluía para la obtención de permisos una “Constancia de compatibilidad territorial”.
Pero en aquella ocasión fue el Ayuntamiento morenista de Laura Beristain el que presentó una controversia ante la SCJN, y la ganó, porque la Corte consideró que se vulneraban e invadían esferas de competencias del municipio.
Pero a pesar de eso, el Gobierno del estado revivió ese permiso inconstitucional, ahora bajo el nombre de “Constancia de Congruencia Urbanística Estatal”.
Por eso, lo más seguro es que la Corte le dé la razón al Ayuntamiento e invalide nuevamente esa intromisión estatal en el municipio.
A la hora de emitir su voto, la alcaldesa Lili Campos dijo que se deben al pueblo e hizo una referencia a la gobernadora Mara Lezama.
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