Lo dio a conocer el Comité de Participación Ciudadana del estado.
Tienen que ver con los millonarios contratos otorgados a Vanesa Lizeth Flores Vargas, esposa de un amigo personal del gobernador Carlos Joaquín.
La mujer creó una empresa días antes del inicio de la pandemia, y no tenía experiencia alguna en el ramo.
Aún así, logró en 2020 6 contratos por un monto de 210.4 millones de pesos, y en 2021 obtuvo otro dos contratos por 213.8 millones.
El tema es investigado por la Auditoría Superior de la Federación, pero piden que se involucre la Auditoría del estado.
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(La Opinión)
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El Gobierno de Carlos Joaquín no respondió satisfactoriamente ninguna de las preguntas que le realizó el Comité de Participación Ciudadana del estado (CPC) sobre presuntas irregularidades realizadas por su administración durante la pandemia del Covid 19.
Se trata de contratos por casi 425 millones de pesos otorgados a Vanesa Lizeth Flores Vargas, esposa de Jorge Luis Brizuela Guevara, alías “El Venezolano”, un amigo personal del gobernador Carlos Joaquín.
El problema fundamental es que la persona en cuestión no tenía experiencia en el rubro, y aún así obtuvo esos contratos. El tema es también investigado por la Auditoría Superior de la Federación, como lo dio a conocer La Opinión un par de meses atrás.
Lo que la ASF a detectó en su momento, es que según el Estado de Posición Financiera de esa persona, tenía -13 mil 500 pesos (o sea, menos que cero) al momento de que se le otorgaron los primeros contratos.
Pero además, era alguien sin experiencia en el rubro, y de acuerdo a su Constancia de Situación Fiscal, el inicio de sus operaciones fue el 25 de marzo de 2020, y el primer contrato que se le dio fue el 31 de marzo de 2020; o sea, 6 días después.
Para cerrar el cumulo de irregularidades, la actividad reportada en su curriculum fue de “obra pública y privada”, nada que ver con la venta de equipo para protección Covid.
Sin embargo, según el CPC, esta persona logró en 2020 6 contratos por un monto de 210.4 millones de pesos, y en 2021 obtuvo otro dos contratos por 213.8 millones.
Varios de esos contratos fueron por adjudicación directa.
El Gobierno de Carlos Joaquín no respondió a ninguno de los requerimientos que le hizo el CPC respecto a esos contratos.
Abajo, el comunicado completo del CPC:
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