Lo presentaron operadores de UBER que consideran que esos funcionarios violan la ley al apoyar al Sindicato de Taxistas.
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(La Opinión)
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Operadores de Uber presentaron una solicitud de juicio político contra la secretaria de Gobierno Cristina Torres; el titular del Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo) Rodrigo Alcazar y la directora de Gobierno del estado, Erika Castillo, porque consideran que violaron la ley al querer impedir el funcionamiento de Uber aún cuando la empresa ganó un amparo en la Justicia Federal.
Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, que representan a un grupo de operadores, presentaron la documentación ante la oficina del Congreso del estado en Cancún, y pidieron que el Congreso analice el caso.
Acusaron a los tres funcionarios estatales de desacatar a una orden judicial, asociación delictuosa, incitación a la violencia, corrupción y conflicto de intereses con los sindicatos de taxistas “Andrés Quintana Roo”, de Benito Juárez, y “Lázaro Cárdenas del Río”, de Solidaridad.
En ese sentido, recordaron que Cristina Torres y Rodrigo Alcazar dijeron que Uber era ilegal en el estado, a pesar de haber ganado un amparo, y desde allí se originaron los ataques de taxistas en contra de choferes de la empresa.
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“En un acto premeditado y orquestado desde la administración pública estatal, dicen que Uber sigue siendo ilegal. Viene el fallo a favor (de Uber), se publica en el Diario Oficial de la Federación y de todas maneras salen a insistir. El desacato a una orden judicial implica cárcel, y ellos lo saben”, dijeron ante la prensa.
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También recordaron un video que salió en la campaña electoral, en la cual Rodrigo Alcazar les dijo a los taxistas que el fue el artífice de que Uber no ingresara al estado, y les pidió el voto.
También denunciaron que nombró como delegado de Movilidad en Cancún al primo Erika Castillo, de nombre Manuel Puerto Castillo, que sería socio taxista.
Erika Castillo es socia del Sindicato y funcionaria del gobierno.
(con información de Jaime Farías)
