La reforma contiene importantes recortes a las atribuciones que se habían arrogado el TEPJF y el INE para inmiscuirse en la vida interna de los partidos.
También hace una fuerte reestructuración y recortes dentro del INE, que se queda sin su poderoso secretario ejecutivo, uno de los mas activos operadores en contra de la 4T.
Se espera una cascada de impugnaciones desde el INE y los partidos políticos de oposición.
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(La Opinión)
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El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con las cuatro leyes que habían quedado pendientes del denominado Plan B, con lo cual queda vigente la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con esta publicación quedan vigentes las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos (Legipe); la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La reforma es muy amplia, pero contiene, entre otras cosas, importantes recortes a las atribuciones que se habían arrogado el TEPJF y el INE para inmiscuirse en la vida interna de los partidos.
Por ejemplo, se quitó de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el inciso que permitía retirar candidaturas ante ciertas faltas.
Otro punto importante es no permitir a las autoridades electorales definir dirigencias partidarias.
Ese sentido, se establece que las autoridades sólo podrán ordenar reposición de procedimiento, pero no determinar quién debe quedarse con la dirigencia. Lo mismo en el caso de los candidatos que eligen los partidos.
Dice la ley:
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“Todas las autoridades electorales interpretarán las normas conforme al sentido gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de esta Constitución”.
“En materia de fiscalización, registro de candidaturas, precampañas y campañas, todas las autoridades electorales interpretarán las normas de manera estricta”.
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La reforma también hace una fuerte reestructuración y recortes dentro del INE, que es quizá la parte más polémica del Plan B.
Un punto que se debe acatar de inmediato es la salida del poderoso secretario ejecutivo del INE, uno de los mas activos operadores en contra de la 4T.
Se trata de Edmundo Jacobo Molina, a quien la reforma le dedicó exprofeso un transitorio para que, una vez publicado este decreto, él entregue el cargo que desaparece en el nuevo organigrama.
Con esta publicación iniciará también la contenida lluvia de amparos por parte de funcionarios y personal del servicio profesional de elecciones del INE y organismos públicos locales electorales (Oples) que se consideren afectados en sus derechos, ya que la Legipe los compacta, elimina y fusionará diversas áreas.
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