Es por la Cuenta Pública 2023.
Y tiene que ver con gastos no aclarados en comidas para presos y funcionarios, y por la financiación del Inter Playa.
La ex alcaldesa de Playa del Carmen ya debe explicaciones por casi 80 millones de pesos en 2022.
Y aún faltará de ver cual fue la situación en los meses que estuvo en el poder en 2024.
.
(La Opinión)
.
La situación de la ex panista y actual neomorenista Lili Campos, ex alcaldesa de Solidaridad, se complica cada día más.
Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por alrededor de 90.5 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, la última de su gobierno. (Ver fotografías abajo)
El otro dato relevante es que ese monto es el 77.9% de la muestra auditada. Eso significa que 8 de cada 10 pesos que le llegaron desde la Federación y se gastaron en diversos rubros, no están justificados documentalmente.
La ASF realizó un análisis de diversos contratos que se realizaron durante ese gobierno municipal (2021-2024) en alimentos para presos y funcionarios de diversas áreas, así como para la financiación de club de fútbol Inter Playa.
La Auditoría relevó que “no se presentó la documentación consistente en las convocatorias de la licitación pública, las actas de presentación de proposiciones, las propuestas económicas de los proveedores ganadores, las constancias de inscripción al padrón de proveedores y las constancias de la opinión de cumplimiento positiva”.
Por lo tanto, determinó que el municipio “no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2023”.
Habrá que ver cómo gestiona esta situación la ASF ahora que Lili se ha mostrado como parte del equipo de Ricardo Monreal y Pedro Haces en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
.
2022
.
La ex alcaldesa ya había tenido problemas con la Cuenta Pública 2022, en donde se detectaron graves irregularidades por 79.6 millones de pesos sobre un universo de 186 millones auditados.
Las irregularidades tienen que ver, en su mayoría, con obras destinadas a la seguridad pública, o con gastos de esa secretaría.
Por ejemplo, se detectó que los filtros de seguridad en los límites del municipio no funcionaban, que la mitad de la cámaras compradas no estaban en funcionamiento, y que por la otra mitad que funcionaban se pagó un sobrecosto de 3.4 millones de pesos.
También, se detectaron 94 mil 979 servicios pagados de alimentación al personal de Seguridad Pública y Tránsito sobre los que no hay registro ni comprobación.
Además, la empresa que daba el servicio se dio de alta en SAT y en el Padrón días antes de ser contratada.
.
.
