Los diputados abrogaron la prórroga a la concesión de Aguakan hasta 2053, y por lo tanto la empresa debe salir el 31 de diciembre próximo.
Pero en el mismo decreto, al que tuvo acceso La Opinión, se abrió la puerta a una nueva concesión.
Por eso, en el decreto se propone “analizar quién es la empresa con mayor capacidad técnica y financiera” para prestar el servicio.
Una fuerte jugada política y jurídica de Mara Lezama, que no está exenta de riesgos.
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(La Opinión)
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El Congreso del estado tomó dos fuertes decisiones en el caso de la concesión de agua potable y alcantarillado. La primera, terminar con la concesión de Aguakán; la segunda, abrir la puerta para que otra empresa se pueda hacer cargo de ese servicio.
La primera de esas medidas fue mediante la decisión de abrogar el decreto 250 por el que la XIV Legislatura prorrogó anticipadamente a su vencimiento la vigencia de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán), para la prestación de los servicios públicos de agua potable alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Ese decreto fue aprobado en el año 2014, durante la gubernatura de Roberto Borge, y sirvió para prorrogar la concesión hasta 2053. En ese mismo decreto se adhirió Solidaridad a la concesión, en la que ya estaban Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Según lo que votó por unanimidad la actual Legislatura, aquel decreto no fue válido, entre otras cosas, porque se agregaron, después de que el Congreso votó, dos cláusulas fundamentales del contrato, que no conocieron los diputados ni los ayuntamientos.
Según lo votado este viernes, aquella XIV Legislatura no tuvo a la vista las cláusulas décimo segunda y trigésimo primera, que tienen que ver, nada más y nada menos, con cambios al modelo financiero y con las formas de resolver las controversias, que se derivó a un panel de expertos y un arbitraje internacional y no a los tribunales del estado, lo que va en contra de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado.
Al derogar el Decreto 250 que otorgaba una prórroga de 30 años, la concesión de Aguakan vence a su plazo original, o sea, el 31 de diciembre de 2023.
Así lo dice expresamente el decreto que se aprobó este viernes.
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“Al término original de la concesión (31 de diciembre de 2023) debe operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos, obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (…) para garantizar la continuidad del servicio”.
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NUEVA CONCESIÓN
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La segunda de las medidas que tomó el Congreso (abrir la puerta a una nueva concesión) quedó expresada textualmente en el Decreto que se aprobó y que ya se publicó en el Periódico Oficial del estado, pero que no está completo, porque sólo aparecen los acuerdos generales.
Sin embargo, en varias partes de ese texto, al cual La Opinión tuvo acceso, se hace mención a que lo óptimo es determinar qué empresa se pudiera hacer cargo del servicio, lo que podría derivar en una nueva concesión.
El párrafo más claro al respecto es el siguiente (ver primera fotografía de abajo):
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“Ello quiere decir que la entonces Legislatura aprobó la prórroga de la concesión por 30 años más de manera ilegal e indebida, sin conocer las modificaciones de la concesión de 1993 que posteriormente le harían (CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA Y TRIGÉSIMO PRIMERA) lo que hace necesario que esta actual H. Legislatura abrogue el Decreto 250 para regresar al plazo original de 30 años de la concesión y dar la oportunidad, en respeto al reclamo social, la protección a la salud y medio ambiente e interés público, que una vez que venza el plazo original de la concesión aludida, se analice actualmente quién es la empresa con mayor capacidad técnica y financiera actual para prestar el servicio concesionado, así como revisar el modelo financiero y cláusula aplicables en caso de controversia.”
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En los hechos, CAPA es una empresa que pudiera hacerse cargo del servicio. Pero está muy en duda que tenga la “capacidad técnica y financiera” que se requiere.
Parece que el destino natural sería, entonces, una nueva concesión.
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EL COSTADO POLÍTICO
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Con esta decisión, Mara Lezama hace una jugada de fuerte impacto político, que tiene un costado jurídico muy complejo.
Aguakan es una empresa con amplios recursos humanos y económicos para pelear sus derechos adquiridos.
Sin embargo, según la Legislatura la empresa “no goza de derechos adquiridos ni está protegida por el derecho de no aplicación retroactiva en su perjuicio, por tratarse de cuestiones de orden público”.
Desde el punto de vista estrictamente político, Mara y la 4T cumplen con la consulta popular que pedía sacar a Aguakan, y le quita a la oposición una bandera electoral recurrente en casi toda la zona norte del estado.
Además, si la decisión es poner a otra empresa que cumpla realmente con el servicio (como sucedió con la recolección de basura en Cancún) la gobernadora habrá ganado una batalla crucial.
La gran duda política es porque una batalla «épica» de tal magnitud, y que podría generar grandes beneficios al proyecto de la 4T, se hizo casi en secreto, sin dar información, ocultando gran parte del decreto, y sin una estrategia mediática acorde a lo que se está peleando.
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