Nadie evaluó a la concesionaria durante el periodo de Roberto Borge, y Carlos Joaquín dejó de evaluarla en 2019, según dio a conocer CAPA.
Ahora ha comenzado una evaluación del servicio, pero de manera insólita CAPA debe ponerse de acuerdo con la propia empresa sobre la forma de evaluarla.
Armando Covarrubias, director de CAPA, dio a entender que no habrá rescisión del contrato.
“No buscamos un tema de pleito con la concesión, sino de efectividad y mejora en el servicio”, dijo.
Julián Ricalde tuvo que recordarle que su trabajo es cumplir lo que la ley manda mediante la consulta popular, que es quitarle la concesión a la empresa.
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(La Opinión)
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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA) dio a conocer que durante los gobiernos de Roberto Borge y Carlos Joaquín no hubo evaluaciones al desempeño de Aguakan, y por lo tanto no hay ningún reporte de cómo presta el servicio la empresa concesionaria.
Pero el problema es más grande que eso. CAPA ya inició evaluaciones a la empresa, pero de manera insólita debe ponerse de acuerdo con la empresa en la forma y método que va a utilizar para evaluarla.
O sea, CAPA le debe avisar a Aguakan cuando, cómo y donde la va a evaluar, así la empresa esta “preparada” para mostrar sus resultados.
Y para concluir con las malas noticias, el titular de CAPA, Alberto Armando Covarrubias, dijo que él “no quiere pleitos” con la empresa (o sea, no pretende buscar la rescisión del contrato) sino hacerla que trabaje bien.
Toda esta información surgió de la reunión que el titular de CAPA tuvo este miércoles con la Comisión Especial Transitoria que el Congreso creó para analizar el caso Aguakan.
En esa reunión se explicó que las evaluaciones al desempeño de Aguakan comenzaron en 2003, o sea 10 años después de que se otorgó la concesión, y terminaron en 2010.
Durante todo el mandato de Roberto Borge, que terminó en 2016, no hubo ninguna evaluación a la empresa.
Sin embargo, a pesar de no saber cómo funcionaba la empresa, se le prorrogó la concesión por 30 años mas, y se le sumó a esa concesión, que estaba en Benito Juarez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, el municipio de Solidaridad.
Luego, durante el gobierno gobierno de Carlos Joaquín hubo algunas evaluaciones, pero la ultima fue en 2019. Desde ese año, misteriosamente, se dejó de evaluar otra vez a la empresa.
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¿PARA QUIÉN TRABAJA CAPA?
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Armando Covarrubias dijo que ahora han comenzado a evaluar de nuevo a la empresa, pero que los resultados se tendrán en 2024, porque los informes deben ser anuales, según el titulo de concesión.
Pero además, CAPA debe ponerse de acuerdo con la empresa en la forma y método que va a utilizar para evaluarla.
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“Si lo hacemos de manera unilateral, podemos tener un resultado que no va a ser aceptado y podemos entrar en temas de impugnaciones”, dijo Covarrubias.
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Vale la pena leer las palabras textuales del funcionario, que son asombrosas:
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“Cuando tomamos posesión nos enteramos que las evaluaciones no se habían concluido. La última era de 2020, y no se había concluido entre otras cosas porque había muchas impugnaciones, estaban en contra de cómo los habían evaluado”.
“Entonces decidimos consensuar con ellos las formas, los mecanismos, y que eso no fuera un problema»
“Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo. Nos dijeron cuáles eran sus impugnaciones, las revisamos, les dijimos cuáles no procedían cuáles sí procedían …para que ya no hubiera al final de la evaluación una impugnación”.
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¿CUÁL RESCISIÓN?
En otro punto de la reunión, el titular de CAPA dejó en claro que él no tiene en mente ningún proceso de rescisión del contrato de concesión de Aguakan.
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“Nosotros como CAPA no buscamos un tema de pleito con la concesión, sino de efectividad y mejora en el servicio”, dijo textualmente.
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Incluso, dijo que el hecho de evaluar a la empresa no es para retirar la concesión, sino para decirle dónde hay que invertir. O sea, no hay ninguna idea de que Aguakan se vaya del estado.
Dijo:
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“Es un trabajo en campo que implica muchas cosas. Al final nos va a dar un resultado y lo que buscamos nosotros es donde está mal”.
“Ya con una evaluación, nosotros ya podremos justificar: aquí es donde necesitamos meterle obra, esta parte necesitamos avanzar, etcétera”.
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¿Y LA 4T?
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La postura de CAPA generó un fuerte reclamo por parte del diputado independiente Julián Ricalde, que dijo que como funcionario público, e integrante de la 4T, el titular Der CAPA debe cumplir lo que ordenó la consulta popular, y ayudarle al Estado a retirar esa concesión.
Dijo Julián:
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“Usted es de la 4T, y tiene que ser un aliado para rescindir la concesión de Aguakan”.
“Independientemente de lo que tiene que hacer como ley, hay un mandato popular… ya las evaluaciones quedan superadas”
“Sería un insulto para esta Legislatura estar defendiendo esta concesión leonina. Usted nos tiene que ayudar a hacer las evaluaciones que se tengan que hacer para cumplir el mandato popular”
“Yo escuché a la gobernadora decir que hay que hacerlo”.
“Hay que terminar con la narrativa de que si se va Aguakan nos dejan sin un peso. Es mentira”.
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¿QUIÉN TRABAJA?
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